5ta conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, organizado por el CNPT

5ta conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, organizado por el CNPT

La quinta conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, un espacio virtual organizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en el marco de la pandemia de COVID-19 para pensar sobre los espacios de encierro y la situación que atraviesan las personas privadas de su libertad en Argentina, se llevó a cabo el miércoles 8 de julio con la participación de Lidia Pérez, trabajadora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y responsable del programa “Derechos Humanos para Personas Privadas de su Libertad y Liberadas”; Rubén Alderete Lobo, director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal (INEJEP) de la Universidad de Palermo; Gustavo Bruzzone, juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; y Roberto Cipriano, secretario General de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).

En esta ocasión, el ciclo abordó la problemática actual del sistema carcelario y de las personas privadas de su libertad desde cuatro ejes:

  • Responsabilidad del modelo neoliberal como disparador de las desigualdades y la cadena punitiva instalada.
  • Imposibilidad de realizar cambios si no se modifica el marco normativo y la Ley de Ejecución Penal.
  • Problemática de la reinserción laboral y la estigmatización de las personas trans.
  • Función resocializadora que debería cumplir el Estado.

Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, abrió el encuentro dándole la bienvenida, en nombre de todo el Comité, a los expositores invitados, y aprovechó la ocasión para agradecer la participación y los aportes de los asistentes que se fueron sumando al ciclo virtual, transmitido por las redes sociales del Comité. Irrazábal destacó el esfuerzo que se viene haciendo desde este espacio de análisis y debate. “Gracias a la ayuda de estos hombres y mujeres que con su experiencia, conocimiento y compromiso de transformar las realidades de los lugares de encierro nos vienen acompañando en estas jornadas”, reconoció el titular del CNPT.

Además, remarcó que hacer prevención requiere condiciones y requisitos determinados y objetivos, y afirmó, en ese sentido, que la realidad del hacinamiento en los espacios de encierro dificulta su implementación efectiva. “Estamos trabajando en conjunto con quienes nos vienen acompañando en este ciclo para generar un espacio de reflexión compartida, para ver cómo salimos hacia adelante, con aportes superadores, para lograr transformar estas realidades.”

La problemática carcelaria y el modelo neoliberal: dos caras de una misma moneda

Durante su intervención, Roberto Cipriano planteó que no puede pensarse la cárcel como problemática independiente de una concentración exponencial del capital y una exponencial desigualdad social, consecuencias más visibles generadas por el modelo neoliberal. El secretario General de la CPM manifestó que este modelo se inscribe en sociedades democráticas que van fortaleciendo una idea, constituida socialmente a través de los medios hegemónicos, sobre la importancia de consolidar un “Estado penal” o un “Estado gendarme”.

Desde la perspectiva de Cipriano, el arraigo de esos Estados es la respuesta a uno de los problemas que trae esta nueva sociedad: la inseguridad criminal. “Inseguridad criminal que termina invisibilizando que la causa de ese modelo neoliberal es la creciente exclusión social”, afirmó. Para el secretario General de la CPM, desde este modelo se refuerza una cadena punitiva y cruel, formada por las fuerzas territoriales y el sistema penitenciario, que viola y restringe los derechos de las personas excluidas de la sociedad. “El mandato de la resocialización no se cumple, no sucede, debemos empezar por sincerarnos y aceptar que es así”, agregó.

Es necesario modificar nuestro marco normativo y la Ley de Ejecución Penal

Por su parte, Rubén Alderete Lobo sostuvo la necesidad de modificar lo que consideró incoherencias de nuestro marco normativo. “Es muy difícil exigirle criterios claros de actuación al Poder Judicial con un cuerpo normativo tan incoherente como el actual. Para pensar soluciones de fondo a la cuestión carcelaria es necesario modificar nuestro marco normativo”, propuso. Luego sostuvo que la Ley 24.660 carece de perspectiva de género y no contempla las condiciones específicas de los colectivos vulnerables, así como tampoco posee estándares ni principios que permitan prevenir graves violaciones de derechos de las personas privadas de su libertad. “Es necesario que la Ley de Ejecución Penal determine los estándares de las condiciones de detención que fijen los criterios de cupo carcelario y marque la escena de políticas penitenciarias que el Estado debería seguir en los próximos 60 años”, proyectó el director del INEJEP de la Universidad de Palermo.

“Lo único que aprendemos en el paso por la cárcel es a resistir”

A su turno, Lidia Pérez abordó la problemática de los lugares de encierro desde el punto de vista de la estigmatización de las personas trans. Desde su experiencia como persona que estuvo privada de la libertad, afirmó que “lo único que aprendemos en el paso por la cárcel es a resistir”. Asimismo, se refirió a la falta de oportunidades las personas que estuvieron detenidas. “¿Cómo puede ser posible la reinserción social si sólo hay talleres de limpieza y maquillaje?”, cuestionó. La responsable del programa “Derechos Humanos para Personas Privadas de su Libertad y Liberadas” del INADI remarcó que es necesario repensar todo el sistema carcelario y destacó la función de la pandemia, que “puso en evidencia lo que hace años las organizaciones sociales y de derechos humanos vienen denunciando”.

El Estado como responsable del fin resocializador de la pena

Sobre la necesidad de potencia la labor de la Dirección de Control y Asistencia de la Ejecución de la Pena, Gustavo Bruzzone identificó como un déficit de nuestro país no contar con un fuerte patronato de liberados para controlar y asistir a las personas que recuperan su libertad, un rol que, en su opinión, “debería ser la función del Estado para cumplir con el fin resocializador de la pena”. Para el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, “culturalmente no estamos en condiciones de poder prescindir del castigo, y por esa razón tenemos que seguir haciendo esfuerzos por mejorar ciertos instrumentos con los que ya contamos, como el juicio abreviado”.

El magistrado hizo hincapié en la necesidad de coexistencia de discursos contrapuestos. “Paralelamente a un discurso que va en dirección a la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, existe otro discurso del derecho penal del ‘enemigo’, con el que es necesario aprender a convivir y dialogar”, concedió.

Incluir las voces de las personas privadas de la libertad

En el cierre de la quinta conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, Josefina Ignacio, comisionada del CNPT, agradeció la participación de los expositores y subrayó la importancia de incluir voces y perspectivas a la reflexión y al análisis de la problemática carcelaria. “No puede estar ausente la palabra de la persona privada de la libertad. Si vamos a trabajar, legislar y pensar en leyes que van a atravesar la vida de esas personas por años, y en políticas penitenciarias y pospenitenciarias que van a incidir directamente en sus vidas, no pueden quedar afuera de este debate”.

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