Se realizó la cuarta conferencia del Ciclo “Del Hacinamiento a la Reinserción. Reflexiones sobre la Ejecución Penal” organizadas por el CNPT.

El jueves 25 de junio a las 17.30hs se llevó a cabo la cuarta Conferencia del Ciclo “Del Hacinamiento a la Reinserción. Reflexiones sobre la Ejecución Penal”, con la participación del Prof. Dr. Alejandro Alagia, Fiscal General, actualmente abocado a la representación del Ministerio Público Fiscal en juicios por delitos de lesa humanidad, Docente Titular del Departamento de Derecho Penal de la UBA y doctor en Ciencias Penales por la tricentenaria Universidad San Carlos de Guatemala;  la  Dra. Matilde Bruera, Diputada de la Provincia de Santa Fe, abogada penalista, activa defensora de los derechos humanos durante la recuperación democrática en su condición de profesional litigante, luego se desempeñó durante más de una década como defensora pública, tanto en el ámbito del juicio oral y público, como en la Cámara Federal de Casación; el Dr. Mario Coriolano, Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Profesor Adjunto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la U.N.L.P. y la Dra. Indiana Guereño especialista en derecho penal y derechos humanos.

El Presidente Irrazábal, inició el panel manifestando el agradecimiento a los expositores por participar de estas Jornadas y por el tiempo que brindan con sus aportes y opiniones en orden a superar la situación difícil en la que se encuentran nuestras cárceles, en el intento de formular políticas de estado que nos saquen de esa situación de hacinamiento y sobrepoblación y de las degradantes condiciones de los internos que hacen imposible la reinserción.  Manifestó que desde el Comité se trabaja inspeccionando a lo largo y a lo ancho del país realizando recomendaciones e informes, pero que lo mas importante como tarea de este Comité, es formar un sistema de prevención como manda su ley de creación.  Sostuvo que es necesario inspirarse juntos para buscar alternativas para el futuro, que permitan conseguir el tan ansiado objetivo constitucional, que debería convertirse en imperativo social, de la reinserción de las personas privadas de la libertad, donde no solo la cara de la moneda del castigo sea la única válida, sino que necesariamente la contracara debe ser la reinserción. Reflexionar juntos y encontrar algunas líneas en materia de políticas públicas que le permita a la Republica Argentina, no solo cumplir estándares internacionales,  sino fundamentalmente  el resguardo de los Derechos Humanos de las personas que  el Estado tiene privados de la libertad.

Por su parte, el Dr. Alejandro Alagia inició su exposición preguntándose ¿que hacer con la cárcel?,   expresando que ésta es una pregunta vieja que se reedita constantemente y hoy más que nunca en el sistema internacional de los D.D.H.H.  La prisionización es un  problema y es de muy difícil solución, como eje para pensar en éste problema su exposición se centrará en tres relaciones.  La relación del delito con la pena, la relación entre la prisionización y  la prevención del delito y, por último, la relación entre el encierro y la resocialización.  En cuanto a la primera, dice que es una relación equívoca,  que mas bien no hay vínculo, la pena sigue un estereotipo, una selectividad punitiva que encuentra como fundamento la vulnerabilidad, lo que se denomina selectividad por vulnerabilidad, y esta selectividad tiene que ver con la burocracia judicial.

El crecimiento exponencial de la prisonización de la población vulnerable es un fenómeno que ocurre a nivel internacional. Actualmente, en lugar de pensar en la selectividad por vulnerabilidad es necesario hacerlo en términos de racialización punitiva.
La pena es una institución de la política, y por lo tanto el derecho penal es una construcción de las agencias judiciales, universitarias, usinas ideológicas y  de formación, que tienen por objeto mas bien romper esa relación endogámica que hace que el juez tenga que embanderarse en los fines de la pena para poder actuar como tal.
En cuanto a la segunda relación, manifestó que,  la idea de construir el delito alrededor de ideas positivas de la pena dificulta en gran parte la reducción del poder punitivo y por lo tanto, de la dimensión ejecutiva de la pena.  Basta con observar las estadísticas para asegurar que, aunque aumente la prisionización, los delitos no bajan.  En Argentina existe una tasa estable de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes y en los últimos años hemos triplicado la cantidad de personas que mandamos a las prisiones.

Por último, se refirió a la tercera relación manifestando que la resocialización ha desaparecido de la doctrina penal, es una idea acabada que mutó por la idea de volver al talión, al merecimiento de la pena, entonces la idea de resocialización  en el imaginario de la doctrina penal ha mutado por la idea del merecimiento de la pena hace ya varios años, se entró  en la cultura de la ejecución de la pena como merecimiento, venganza.

Por su parte, la Dra. Matilde Bruera, dio inicio a su exposición reflexionando sobre este momento de crisis que estamos atravesando y como ha puesto sobre la mesa la pregunta sobre ¿qué es la cárcel?. Hasta el momento de los motines, nadie se acordaba de los presos, estos tiempos nos recordaron que la normalidad en la cárcel no existe, no hay normas, sino que es un ámbito de violación sistemática de los derechos humanos, donde los demás derechos se licuan.  Recuerda que en Santa Fe, durante los motines se registraron 6 muertes.  Sostiene que, los factores que generan encarcelamiento son, entre otros, la marginalidad y la implementación del control del delito que, como única posibilidad, tiene la prisionización de las personas que los cometen.  Las prisiones están llenas por la exaltación del punitivismo penal, por el uso arbitrario de la prisión preventiva, por la guerra contra las drogas que no es otra cosa que una guerra contra los pobres y los marginales.

Reflexionó sobre como la ley 27375 terminó con el Régimen de Progresividad, que era claramente el fin resocializador de la 24660.  Las personas más excluidas son las personas privadas de su libertad, especialmente las mujeres; sin embargo, hemos visto como se ha rechazo la prisión domiciliaria a mujeres e incluso a mujeres con hijos durante la pandemia, pero si se ha otorgado a presos por delitos de lesa humanidad.

Se refirió también a los datos de las prisiones en Santa Fe, marcando que el 47 por ciento de los encarcelados lo está sin condena, y la gran mayoría proviene de los sectores mas vulnerables de la sociedad, (69 % no tenían trabajo, 26% tenían trabajo informal). También manifestó que se han realizado 500 juicios contra 900 condenas en juicios abreviados, que no es mas que un sistema que obliga a las personas a confesar y ser condenadas y que jamás se negocia en igualdad de condiciones, su utilización sistemática es una negación de todas las garantías. El rol que juega la tortura hoy es el mismo que jugó en la inquisición.

Por último, se refirió a la resocialización diciendo que ya no piensa más en esto, la cárcel es la eliminación de las personas, la marginalización de la marginalización, el encarcelamiento tiene carácter racista y segregatorio y lo único que nos queda es construir límites jurídicos y disminuir los grados de violencia de la estructura punitiva; se requiere una nueva construcción penal.

A continuación, la Dra. Indiana Guerreño manifestó que existe un divorcio entre el poder judicial y lo que ocurre dentro de las cárceles.  La mayoría de los actores judiciales jamás pisó una cárcel. Piensan que solo tiene el deber de juzgar y lo que luego ocurra en la cárcel es responsabilidad del Poder Ejecutivo, pero la pena debe tener control judicial, así lo marcaron reiterados fallos de la Corte Suprema, sin embargo el poder judicial no hace nada más que tener presente lo que el servicio penitenciario le informa.

A partir de los ’90 la población carcelaria femenina comenzó a aumentar. Estas mujeres que ingresan en el mundo penal son juzgadas en base a estereotipos de género, ingresando a un sistema que está pensado exclusivamente para hombres.  La mayoría de las mujeres privadas de libertad son jefas de familia monoparentales. El 85% de ellas tienen a cargo más de 3 niños que dependen afectiva y económicamente de ellas, y están acusadas por delitos de supervivencia. La prisión domiciliaria es pensada como un beneficio cuando debería considerarse como un derecho, sobre todo para  los niños y niñas que actualmente se encuentran privados de su libertad. Los jueces la niegan alegando que, se trata de malas madres, que además de ser totalmente subjetivo, no es un requisito previsto en la ley, por lo tanto viola el principio de legalidad como mínimo.  A su vez les otorgan la prisión domiciliaria y quedan a la deriva, están encerradas sin poder salir, no pueden trabajar, ni llevar a sus hijos a la escuela ni al médico, todos estos problemas se solucionarían con autorizaciones que no le son otorgadas.  Siguen viviendo en situación de vulnerabilidad extrema.

Por último, manifestó que cree muy necesario que se produzca la democratización de las cárceles y para eso deben juntarse los tres poderes del Estado a dialogar y encontrar soluciones para las personas privadas de la libertad .

Cerrando el panel, hizo su exposición el Dr. Mario Coriolano, quien señaló que a la idea de la jornada parecería exponer que es imposible pensar en la reinserción en contextos de hacinamiento,  le agregó que es imposible pensar en la  reinserción en la cárcel. La cárcel es un fracaso pero lamentablemente está en expansión.

En PBA hay más de 5.000 detenidos por delitos de droga menores, la  criminalización de la pobreza y el racismo están en pleno auge, la salida es una perspectiva desde los  Derechos Humanos, una cárcel democrática.

Lograr que la cárcel no maltrate es un trabajo del Sistema de Prevención de la Tortura, liderado por el Comité Nacional.  Una acción sin un marco teórico puede ser un camino a suicidio, por lo tanto cree que este trabajo que está realizando el Comité es muy importante.

Por último, el Comisionado Diego Lavado manifestó el agradecimiento y felicitación  a los expositores y se refirió al enfoque del problema que han hecho los panelistas y que debería hablarse de “del hacinamiento a la liberación”, no hay posibilidad de abordar el hacinamiento, el maltrato, mientras mantengamos estos niveles de prisionización y esta dinámica que indica que seguiremos así. Todos los años hay presos, todas las reformas están siempre orientadas a aumentar la prisión, aumentar la prisión preventiva y a evitar la progresividad, no debemos argumentar frente a ésto que debemos construir más cárceles o cárceles mejores, estamos con la misma visión platónica con respecto a las penas y que estas van a tener un efecto resocializador, no lo hicieron en 200 años y no va a suceder en este contexto, las alternativas son la reducción de la población carcelaria, la baja del punitivismo.

Los monitoreos nos han mostrado que hay situaciones muy dispares en el país, la provincialización de la ejecución ha ido en detrimento de la ejecución. Desde las legislaciones provinciales se han recortado derechos, en cada jurisdicción hay una forma diferente de ejecución de la pena.  El ejemplo más cercano es la modificación del artículo 59 del Código Penal.

Las alternativas no son fáciles en el contexto actual, los medios de comunicación están en contra de la idea de menos prisionización, como se ha visto en los últimos cacerolazos por ejemplo, llevan a profundizar la idea de encarcelamiento.

La Conferencia fue realizada a través de la plataforma Zoom y transmitida en vivo por las redes sociales del CNPT. La misma se encuentra disponible en https://youtu.be/hs42weMPWg0. Contó con la participación de más de 300 asistentes, entre ellos representantes de los Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura, integrantes de ONG´s, personas privadas de su libertad, familiares, funcionarios judiciales y legislativos.