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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentó sus recomendaciones para la adopción de medidas que aseguren las comunicaciones de personas privada de la libertad

El CNPT recomendó promover mecanismos de compensación para personas privadas de la libertad con restricciones al mundo exterior. Las medidas tienen lugar en el marco del decreto PEN N°260/2020, que dispuso la emergencia sanitaria con motivo del brote de COVID-19.

 A seis meses de las recomendaciones efectuadas por el Comité sobre este asunto, y  luego de que el Poder Ejecutivo Nacional dictara el Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20, que establece a la telefonía celular y fija, internet y la televisión paga como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia, el CNPT advirtió que hay jurisdicciones que aún no autorizaron el uso de teléfonos celulares u otras formas de comunicación entre las personas privadas de su libertad (PPL), sus familiares y allegados, a la vez que verificó problemas en la implementación en algunos establecimientos en los que se permitió la utilización de celulares, en ocasiones, por la falta de conectividad de calidad. En consecuencia, el Comité emitió una nueva recomendación a las autoridades.

El contacto con el mundo extramuros es fundamental para mitigar las consecuencias de la privación de la libertad, tanto en las personas detenidas como en sus vínculos familiares y sociales. La falta de contacto físico y presencial afecta a todo el entorno de las PPL, entre ellos a niños, niñas y adolescentes: es imperioso garantizar su derecho a la vida familiar y la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento del vínculo con sus padres, a través -al menos- del contacto virtual mediante las comunicaciones telefónicas. La suspensión de las visitas en la mayoría de las jurisdicciones, con motivo de la emergencia sanitaria y la falta de comunicación con el exterior contribuye, entre otros factores, a agravar la situación de incertidumbre generada por la propia pandemia y agudiza conflictos como los que se desencadenaron en varios establecimientos del país, algunos con consecuencias fatales.

En un primer momento, la falta de implementación del uso de celulares en muchas jurisdicciones se justificó en la situación de temporaria excepcionalidad del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Actualmente, el devenir de la emergencia sanitaria obliga a revisar esas restricciones, dado que los regímenes de visitas han variado acorde a esta situación. En algunos establecimientos donde no se habilitaron los teléfonos celulares para ser usados por las PPL para comunicarse con sus familiares y lazos sociales, se implementaron sistemas de teléfonos fijos en los pabellones o áreas específicas para realizar videollamadas. Sin embargo, en algunas jurisdicciones esa implementación generó problemas, ya que a veces –según la información a la que ha accedido el CNPT– los teléfonos fijos no se encuentran en condiciones, no son suficientes o no todas las PPL en el establecimiento tienen acceso a ellos.

En función de la información relevada y el estado actual de la emergencia sanitaria, el Comité cree necesario realizar un nuevo llamado respecto de la necesidad de garantizar el uso de telefonía celular en todas las jurisdicciones. En ese sentido, el CNPT recomienda a las autoridades de todas las jurisdicciones provinciales -donde aún no lo hayan hecho- y del sistema federal, adoptar medidas concretas para la adopción, diseño e implementación, en consulta y con la participación de los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura (en las jurisdicciones que se hayan creado), de protocolos que autoricen la utilización de teléfonos celulares y las videollamadas (garantizando la conectividad a Internet), en todas las unidades dependientes de los servicios penitenciarios locales, así como también en aquellas instituciones que albergan niños, niñas o adolescentes en conflicto con la ley penal, como medida de compensación, al menos mientras duren las restricciones impuestas en el marco de la pandemia del COVID-19.

Allí donde las autoridades provinciales autorizaron el uso de teléfonos celulares y las videollamadas, el Comité sugiere adoptar medidas concretas para que en su implementación se asegure la conectividad y el acceso a los teléfonos (que deberán estar en condiciones materiales óptimas para su funcionamiento) por parte de las PPL, en tiempo suficiente para que se comuniquen y mantengan los vínculos con sus familiares y allegados.

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