En el marco del debate público sobre la Ley Nacional de Salud Mental el CNPT envió una nota a las autoridades competentes
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) envió una nota a los jefes de bloque de la Cámara de Senadores y Diputados y a la Comisión de Salud de Diputados en el marco del debate público sobre la Ley Nacional de Salud Mental.
Allí destaca el avance significativo que representó dicha ley en materia de derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud mental, en tanto que garantiza el ejercicio de su capacidad jurídica, las reconoce como sujeto de derecho e introduce cambios orientados a fortalecer los servicios de atención primaria y modalidades de abordaje de tipo comunitario.
Asimismo, remarca que la ley no prohíbe las internaciones involuntarias, sino que, dado el carácter restrictivo de esta práctica requiere el cumplimiento de ciertas garantías que acompañen la medida, como mecanismos para su determinación y controles periódicos, entre otros.
En línea con lo recomendado en instrumentos internacionales, también promueve la sustitución definitiva de los manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalente.
Desde su constitución, el CNPT monitorea las políticas en materia de salud mental en las distintas jurisdicciones del país, mantiene reuniones con autoridades, órganos de control y organizaciones de la sociedad civil, revisa los marcos normativos y realiza visitas de inspección a los lugares de encierro y, a partir de ello, realiza informes con observaciones y recomendaciones.
En esa línea, se ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer los dispositivos de atención primaria y la creación de dispositivos intermedios, a la vez que se señaló la importancia de llevar a cabo externaciones responsables y sustentables basados en proyectos de articulación intersectorial e interministerial con recursos suficientes para su correcta implementación.
En ese marco, se ha observado el incremento de iniciativas orientadas a tal fin, entre las que pueden destacarse los casos de las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos y Chubut. También se han podido constatar buenas prácticas, previas a la sanción de la Ley, de modelos de atención no manicomial, que han demostrado que es posible sostener un modelo sin instituciones cerradas, como es el caso de las provincias de San Luis, Río Negro y Tierra del Fuego.
En virtud de lo señalado, el Comité reafirma que es fundamental aunar esfuerzos para la plena implementación de la Ley de Salud Mental dado que nos encontramos actualmente frente a la oportunidad de culminar ese proceso.