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Jornadas de Capacitación para la implementación efectiva del Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota

Entre el 9 y 10 de octubre se llevaron adelante las Jornadas de Capacitación para la implementación efectiva del Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). La organización estuvo a cargo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) junto a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba (MPF) y la casa de estudios mencionada.

El evento contó con una importante presencia tanto de profesionales del derecho que se desempeñan dentro de los sistemas de justicia como de los Mecanismos Locales de prevención de la tortura del país. Hubo más de 120 inscriptos, entre ellos la Defensora del Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe, Estrella Moreno Robinson; la Defensora General de Neuquén, Vanina Merlo y el Fiscal General de Santiago del Estero, Luis Alberto de la Rúa, además de fiscales de un importante número de jurisdicciones, quienes estuvieron presentes en las sucesivas disertaciones y capacitaciones, y participaron de las actividades propuestas con dinámicas de talleres prácticos. Asimismo, al finalizar las exposiciones de los disertantes, se estipuló un espacio de intercambio en el que se hicieron aportes, consultas y comentarios acerca de los temas que se desarrollaron en cada panel.

Entre los principales expositores estuvieron el Relator Especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias, o arbitrarias, Morris Tidball-Binz, el Representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Jan Jarab, el fundador del EAAF, Luis Fondebrider y la Asesora de Derechos Humanos del ACNUDH, Valeria Guerra, entre otros.

Tras la acreditación de los inscriptos, las Jornadas se desarrollaron en  el Aula Magna de la Facultad de Derecho.

Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, fue quien dió inicio a la capacitación destacando que la eficacia de las investigaciones contribuye a la prevención de la tortura y resaltando el carácter práctico que tendría la dinámica de las Jornadas. Luego el Fiscal General de  la provincia de Córdoba, Juan Manuel Delgado, se refirió a la necesidad de que los operadores judiciales se capaciten en la temática. De manera virtual, tomó la palabra Jan Jarab, quien enfatizó la relevancia de buscar investigaciones que sean rápidas, detalladas y efectivas. Por la Facultad de Derecho estuvo el secretario de Graduados Maximiliano Raijman. En tanto, Josefina Ignacio, Comisionada del CNPT, cerró la mesa de apertura instando a la pronta creación del Mecanismo Local en la provincia de Córdoba.

El primer panel tuvo como disertante a Fondebrider quien se refirió a diversos tipos de evidencia tales como testimonial, física o de fuentes abiertas, entre otras. Asimismo, subrayó la necesidad de que haya más diálogo entre la medicina forense y la criminalística, y advirtió que “es vital que los fiscales vayan siempre a la escena del hecho y que no se delegue en la policía”. Se refirió también al estado de los servicios forenses en el país y a cómo funcionan en la actualidad los institutos de medicina legal. La disertación del fundador del EAAF fue moderada por el Secretario Ejecutivo del CNPT, Alan Iud, quien destacó la necesidad de que los operadores judiciales comprendan que ambos protocolos contienen premisas y criterios que deben guiar todos los aspectos de la investigación y no solo al trabajo forense.

Tras un breve intervalo, comenzó el panel referido a la investigación y sanción eficaz de torturas, malos tratos y muertes potencialmente ilícitas, sus marcos jurídicos así como estándares nacionales e internacionales.Allí, el director del Área de Litigios del CNPT, Gonzalo Evangelista, hizo especial hincapié en precisar aquellos criterios relacionados a cuestiones vinculadas con la debida diligencia en la investigación de muertes potencialmente ilícitas y hechos compatibles con torturas y malos tratos: ¿a qué se ha obligado el Estado?, ¿cuáles son las principales observaciones que ha recibido el Estado en relación a esas obligaciones? y ¿qué utilidad práctica tienen los protocolos en este escenario?. Junto a él, y moderando la disertación estuvo Bettina Croppi, Fiscal General adjunta del MPF de Córdoba.

Posteriormente, fue el turno de la mesa en la que se desarrollaron aspectos introductorios del Protocolo de Minnesota y del Protocolo de Estambul. En ese panel Tidball-Binz explicó el valor práctico del Protocolo de Minnesota y expuso acerca de los contextos históricos en los que surgió. Además se refirió a la inversión de la carga de la prueba sobre la responsabilidad estatal cuando la muerte es bajo custodia y advirtió que todo incumplimiento de la obligación de investigar es una vulneración del derecho a la vida. Planteó también el derecho que tienen las familias de la víctima a saber lo que está ocurriendo y que ello apunta a la transparencia de las pericias.

En esta mesa, Fondebrider analizó detalladamente los aspectos más relevantes para asegurar y preservar el área en la que se halla evidencia y las características de los contenedores para la recolección de esa evidencia, entre otros puntos vinculados a la investigación forense. “La escena del crimen es casi más importante que la autopsia en casos de muerte bajo custodia”, subrayó. En esta mesa también disertó Valeria Salerno que presentó la “Guía para uso de los Protocolos de Estambul y de Minnesota por parte del Ministerio de la Defensa Pública de la Nación Argentina en casos de violencia institucional con resultado de lesiones y/o muerte de individuos”, y Valeria Guerra de ACNUDH, quien destacó la importancia de los instrumentos legales internacionales y las guías actuales para llevar adelante investigaciones eficaces. Asimismo, celebró la realización del encuentro, planteó la necesidad de capacitación y ofreció el apoyo de ACNUDH para seguir realizando estos eventos. La mesa fue moderada por el Fiscal de Instrucción de la Ciudad de Córdoba, Iván Rodríguez.

Por la tarde, se profundizó acerca de la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Allí Tidball-Binz analizó las diferencias en las definiciones de tortura y puso el acento en incluir dentro de su conceptualización a la anulación de la voluntad de la víctima, entre otros puntos. Fondebrider detalló los principales aspectos y procedimientos para una eficaz investigación forense. La mesa fue moderada por la directora del Área de Políticas para la Prevención del CNPT, Mercedes Duberti y por el docente de la Facultad de Derecho de la UNC, Christian Sommer.

Como actividad final del día y con el propósito de contribuir a la efectiva utilización de los protocolos internacionales que fueron materia de estudio en las Jornadas, se realizaron dos actividades prácticas grupales basadas en el análisis de casos “hipotéticos” elaborados por el CNPT en base a situaciones extraídas de hechos reales que llegaron a su conocimiento y que reflejan temas incluidos en la capacitación.  El objetivo de los ejercicios fue, por un lado, afianzar conocimientos obtenidos en las disertaciones de especialistas. Por otro, ofrecer una instancia práctica y dinámica que permita debatir y poner en común los aportes que las personas presentes en la capacitación podían realizar de la aplicación de medidas de investigación ajustadas tanto a los protocolos de Minnesota y Estambul como a los estándares extraídos de la jurisprudencia de organismos internacionales que impulsan su implementación. La coordinación del cierre estuvo a cargo de Ignacio Di Giano, coordinador de recepción y seguimiento de casos del CNPT.

Al día siguiente, la capacitación continuó con el panel “Investigación de torturas y malos tratos. Protocolo de Estambul”. Allí Moisés Dib, del Instituto de Medicina Forense de Córdoba, señaló que “la ética debe guiar la práctica forense. Se debe pensar estratégicamente el momento más oportuno para realizar la pericia y la ausencia de señales físicas de tortura de ninguna manera indican que no hubo tortura”. La Comisionada del CNPT Andrea Triolo se refirió a la importancia de las entrevistas en las investigaciones, la relación de confianza con la persona, los riesgos de una nueva traumatización y la necesidad de pensar en medidas de protección de la víctima. La capacitación fue moderada por la directora del Área de Visitas de Inspección del CNPT, Rosario Gauna Alsina y por Sergio Cuello, Fiscal de Cámara de Villa Dolores.

Luego se retomó la dinámica de taller y se analizaron diversos casos “hipotéticos”. En esa ocasión, la moderación del cierre final estuvo a cargo de la Comisionada Andrea Triolo y el Secretario Ejecutivo Alan Iud.

La primera disertación de la tarde se refirió a “Documentación de tortura, malos tratos y muertes potencialmente ilícitas”. Allí Rodrigo Borda, de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) ubicó a los registros como “fundamentales para detectar prácticas naturalizadas, dimensionar el fenómeno de la tortura y aportar prueba de calidad en procesos judiciales para disminuir niveles de impunidad”. También expusieron Moisés Dib y la Comisionada del CNPT, Rocío Alconada Alfonsín quien se refirió a los pronunciamientos del CAT, el SPT y la Corte Interamericana acerca de la responsabilidad estatal en las violaciones a los derechos humanos, así como a las acciones del CNPT referidas a la documentación eficaz. En este sentido, la comisionada presentó el Procedimiento del CNPT para documentar y registrar casos de tortura y malos tratos. La mesa fue moderada por la directora del Área de Producción y Sistematización de Información del CNPT, Bernarda García y por la profesora de Derecho Internacional Público de la UNC, Alejandra Sticca.

Posteriormente se dearrolló la mesa donde se analizó el rol que cumplen los Mecanismos Locales en la prevención de la tortura. Allí la Comisionada del CNPT, Alejandra Mumbach, transmitió el trabajo constante de articulación y cooperación del CNPT y los actores del SNPT en los monitoreos que se llevan adelante en el país. Asimismo, resaltó la importancia de las reuniones institucionales con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial de las provincias en donde se plantea la necesidad de realizar investigaciones siguiendo las pautas establecidas en los protocolos de Minnesota y de Estambul. También disertaron Ramiro Gual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en tanto Mecanismo Local en la jurisdicción Federal, Rodrigo Pomares, de la Comisión Provincial por la Memoria, en tanto Mecanismo Local de la Provincia de Buenos Aires, Kevin Nielsen, integrante del Mecanismo Local de Chaco y Rodrigo Sola, Presidente del Mecanismo Local de Salta, quienes expusieron el trabajo realizado en cada una de sus jurisdicciones y coincidieron en la importancia de las capacitaciones para avanzar en la profesionalización de su trabajo para la prevención de la tortura y malos tratos. Asimismo, además de los Mecanismos mencionados participaron integrantes de los Mecanismos de Chubut, CABA, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Tucumán y Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur. 

Finalmente, en la mesa de cierre de las Jornadas, participaron el Comisionado del CNPT Gustavo Palmieri, quien expuso los principales puntos de las conclusiones que surgieron tras las dos jornadas de capacitación y los desafíos para lograr que todas las instituciones vinculadas a la temática puedan llevar adelante la implementación efectiva del Protocolo de Minnesota y del Protocolo de Estambul. En el panel también estuvieron Alan Iud, Valeria Guerra e Iván Rodríguez

Las conclusiones de las Jornadas de Capacitación para la implementación efectiva del Protocolo de Estambul y Protocolo de Minnesota fueron:

  1. Fortalecer y jerarquizar los servicios forenses en Argentina, con alcance federal, interdisciplinario e independiente y promover el intercambio constante con operadores judiciales y del sistema nacional de prevención de la tortura, así como prever mecanismos adecuadas para informar a las víctimas y sus familiares.
  2. Impulsar la conformación de un Consejo Federal de Ciencias Forenses de acuerdo a lo recomendado al Estado por el Relator Especial de Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias y arbitrarias de Naciones Unidas.
  3. Asegurar la intervención de médicos independientes de las autoridades a cuyo cargo se encuentra la custodia de las víctimas en toda instancia de revisión.
  4. Recordar que las muertes bajo custodia implican una inversión de la carga de la prueba sobre la responsabilidad estatal y que, en los casos de tortura, la falta de secuelas físicas no autorizan por sí solas a cancelar una investigación judicial, pues no acreditan que el hecho no existió.
  5. Recordar la especial responsabilidad de los ministerios públicos fiscales en el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad por las medidas que solicitó como encargado de la persecución penal.
  6. Asegurar investigaciones con debida diligencia y para ello promover medidas institucionales y prácticas de implementación de los Protocolos de Estambul y Minnesota en el ámbito de los MPF, en especial:
    1. La especial responsabilidad del ministerio público en el cumplimiento de las medidas en encierro que solicitó como parte del cumplimiento de su política criminal.
    2. Garantizar que las investigaciones de muertes bajo custodia y casos de torturas no estén bajo fiscalías que hayan dispuesto o promovido medidas de encierro para las víctimas y que las fuerzas de seguridad responsables de la custodia no intervengan en la investigación.
    3. Establecer mecanismos rápidos y reservados de intercambio de información con los mecanismos de prevención de la tortura y otros actores del Sistema Nacional de Prevención.
    4. Coordinar, supervisar y evaluar el desempeño de los médicos forenses.
    5. Articular con universidades, CONICET y otros organismos científicos para extender la red de expertas y expertos forenses.
    6. Definir responsables capacitados para brindar información a las víctimas y familiares.
    7. Garantizar medidas de protección para las víctimas y testigos.
    8. Rendición de cuentas y transparencia: brindar periódicamente información pública sobre los avances de las investigaciones sobre muertes bajo custodia y tortura y reportar datos estadísticos detallados. Los ministerios públicos tienen que tener información de las  investigaciones sobre torturas y muertes bajo custodia, de otro modo no existe una política criminal sobre el tema.
  7. Promover medidas institucionales y prácticas de implementación de los Protocolos en los ámbitos de Ministerios Públicos de la Defensa, tales como las previstas en la Guía elaborada por la Defensoría General de la Nación, y otras instituciones del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
  1. Resaltar que la implementación de los protocolos requiere un plan institucional, no es tarea solo de funcionarios individuales. Requiere operacionalizarlo, implementarlo, supervisar y monitorear su aplicación. Los protocolos abordan mucho más que las pericias.
  2. Mejorar los estándares básicos de investigación como se observó en los casos prácticos. Abordar las cuestiones de calificación, prueba básica y credibilidad de la víctima siguiendo los estándares internacionales.
  3. Recordar que es deber del Estado reconocer y reparar a las víctimas de tortura y muertes bajo custodia, aún si no es posible determinar la identidad o responsabilidad penal de los autores. Se deben crear mecanismos institucionales adecuados para garantizar que estos casos puedan ser esclarecidos y reparados aún si hay una imposibilidad material de determinar responsabilidad penal.
  4. Desarrollar la complementación de roles y funciones entre actores del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura como estrategia contra la impunidad
  5. Instar a las autoridades a crear o fortalecer los mecanismos locales de prevención de la tortura y facilitar el desarrollo de monitoreo preventivo, así como el registro y documentación de los hechos que llegan a su conocimiento. 

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