Declaración y acciones del CNPT ante la represión policial ocurrida en la Plaza de los Dos Congresos
Durante el monitoreo realizado por el organismo en la jornada del 1 de febrero, en conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria, el Comité verificó un uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza pública, provocando lesiones en decenas de manifestantes, periodistas y personal de organismos de control.
Asimismo, se registraron movimientos continuos de los efectivos sobre manifestantes apostados en las veredas o en la misma plaza, con la utilización de carros hidrantes y de motos como elemento de intimidación. En la misma línea, se verificaron detenciones arbitrarias sobre personas ubicadas en las veredas, las que fueron imputadas del delito de atentado y resistencia a la autoridad por el solo hecho de no desplazarse ante el avance policial.
El relevamiento también permitió detectar la presencia de algunos efectivos de la PFA y Policía de la Ciudad portando armas de fuego.
También se verificó la utilización de gases a corta distancia sobre los manifestantes, de forma direccionada, provocando quemaduras en el torso de los afectados.
En este contexto, en la jornada de ayer la Directora General de la Comisión Provincial por la Memoria, Sandra Raggio, recibió el impacto de cuatro postas de goma mientras se encontraba realizando tareas de monitoreo, debidamente identificada, en conjunto con el CNPT en la Plaza Congreso. También se registró la utilización de gas pimienta y disparos de balas de goma sobre periodistas, en su mayoría apostados frente al Congreso.
El Comité llama especialmente la atención sobre estos hechos, que obstaculizan el monitoreo, registro y difusión pública del accionar policial y entorpecen los procesos de investigación y sanción del uso desproporcionado de la fuerza.
Asimismo, en el día de hoy el CNPT solicitó informes a los Ministerios de Seguridad de la Nación y Ciudad de Buenos Aires, en el marco de sus competencias, requiriendo información detallada sobre el despliegue de las fuerzas y el equipamiento utilizado, entre otros aspectos.
Finalmente, el Comité recuerda que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la protesta social y ratifica que el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” del Ministerio de Seguridad de la Nación incumple la normativa nacional e internacional vigente.