Inició el juicio por la muerte de 4 mujeres privadas de la libertad durante un incendio en Tucumán
Esta semana se inició el juicio por la muerte de cuatro mujeres privadas de la libertad durante un incendio en la Brigada femenina de Concepción, en la provincia de Tucumán. Los fallecimientos sucedieron el 2 de septiembre de 2021, en el marco de una serie de protestas que las víctimas realizaban por las malas condiciones de detención. Desde el primer momento, el Comité se reunió con sus familiares, mantuvo encuentros con la Fiscalía y con la querella en cada visita de inspección que hizo a la provincia, estuvo en comunicación con los funcionarios competentes y realizó un seguimiento permanente de las investigaciones. En el juicio, el CNPT participa como veedor.
Las imputadas son tres oficiales de guardia y la jefa que estaba a cargo del centro de detención en el momento de los hechos. Están acusadas de apremios ilegales, abandono de persona e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Rocío Mendoza, Yanet Saquilán, María José Saravia y Macarena Salinas, murieron abrazadas en su celda por inhalación e intoxicación con monóxido de carbono. La autopsia preliminar determinó deceso por asfixia y dos de ellas tenían diversas marcas de golpes en el cuerpo. Además, según se corroboró, la carga de los matafuegos estaba vencida, y otros elementos de seguridad no se encontraban en los lugares adecuados para sofocar un incendio.
Las protestas que realizaban se debía a que se les prohibía tener contacto presencial o telefónico con sus familiares, se les negaba la posibilidad de salir al patio, se las despertaba con baldazos de agua fría y golpes, y eran obligadas a pasar varios días sin comer. Por estos motivos solicitaban el traslado a otras unidades penitenciarias. Incluso, ese mismo día, previo al incendio, una magistrada había solicitado su traslado.
En tanto, el relato policial sostuvo que el fuego se originó por un cortocircuito.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las muertes e instó al Estado Argentino a investigar con debida diligencia los hechos. Asimismo, recordó la obligación de cesar la utilización de las comisarías como lugares de alojamiento permanente.
Acciones del CNPT en relación al caso
Las reuniones de integrantes del Comité con familiares de las víctimas tuvieron el objetivo de colaborar en el acceso a una asistencia integral, propiciar un espacio de contención y acompañarlos en sede judicial. Durante estos encuentros los parientes describieron hechos de malos tratos hacia las mujeres fallecidas.
Asimismo, para prestar su colaboración y hacer un seguimiento exhaustivo de la investigación, se reunió con la Unidad Fiscal de graves delitos contra la integridad física del Centro Judicial de Concepción.
También se solicitó que la investigación se realice bajo los principios y directrices del “Protocolo de Minnesota” relativas a la investigación de muertes potencialmente ilícitas. La Unidad Fiscal informó que inmediatamente después de producidos los hechos intervino el Equipo Científico de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal (ECIF) con el objeto de realizar las pericias pertinentes.
Paralelamente, el CNPT remitió notas al Juzgado Federal para chequear el estado de salud de la única sobreviviente del incendio y solicitar su traslado a un establecimiento no dependiente de la Policía provincial. La misma solicitud se cursó a la Fiscalía Federal interviniente, en cooperación con la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Además, se remitió un pedido de informes al ministro de Seguridad de la provincia al efecto de acceder a las actuaciones y sumarios administrativos iniciados.
Espacios de detención provisorios
En su Resolución N° 16/21 sobre Estándares Mínimos sobre capacidad de alojamiento y condiciones de detención, el CNPT ha planteado la necesidad de incorporar sistemas para prevenir el riesgo de incendios en los establecimientos de detención prolongada. La falta de garantías para prevenir siniestros es un grave incumplimiento de la obligación de la custodia.
El comienzo de este juicio y las circunstancias que rodean al caso vuelven a poner en foco la importancia de implementar modalidades alternativas a la privación de libertad, como la prisión domiciliaria, especialmente cuando se trata de mujeres que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, pone en relieve la necesidad de un sistema de justicia penal con perspectiva de género y alineado con los estándares y recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, y asegurar que se respeten los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de todas las personas involucradas.