Semana del parto respetado: violencia obstétrica en contextos de encierro
El grupo de las personas gestantes privadas de la libertad es uno de los de mayor vulnerabilidad en el encierro.
En ese marco, la ausencia de un enfoque con perspectiva de género para gestionar las diferentes necesidades de este colectivo, hace que estructuralmente el impacto del encierro sea más profundo.
La violencia obstétrica en contexto de encierro se materializa de diversas maneras: sujeciones a las personas gestantes, tanto intramuros como en el traslado al centro de salud; demoras burocráticas desde el inicio del trabajo de parto hasta el ingreso al hospital, utilización de grilletes al momento de amamantar e incluso durante el parto; dar a luz sin poder elegir con quién estar acompañada en ese momento; demoras para tener el primer contacto con la persona recién nacida.
Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas no Privativas de la Libertad para Mujeres Delincuentes, conocidas como Reglas de Bangkok, contienen directrices que promueven la prevención de la tortura con un enfoque diferencial en materia de género. Algunas de ellas, refieren específicamente a personas gestantes privadas de la libertad.
Regla 24: “No se utilizarán medios de coerción en el caso de las mujeres que estén por dar a luz ni durante el parto ni en el período inmediatamente posterior”.
Regla 48. 1: “Las reclusas embarazadas o lactantes recibirán asesoramiento sobre su salud y dieta..”
En las visitas de inspección a lugares de encierro, el Comité ha relevado sistemáticamente falta de acceso a los recursos y servicios especializados para las personas gestantes.
Asimismo, desde el CNPT se han hecho diversas presentaciones judiciales vinculadas a las sujeciones de personas gestantes privadas de la libertad. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en 2022, emitió una resolución para que se hiciera conocer a todos los tribunales penales de esa provincia, las observaciones que surgieron tras las inspecciones de 2018 y 2019.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura insta a todos los poderes del Estado a que adopten medidas positivas para garantizar la atención adecuada de las personas gestantes privadas de su libertad, y a considerar medidas sustitutivas al encierro.