7ma conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, organizado por el CNPT

7ma conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, organizado por el CNPT

La séptima conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal” hizo un abordaje de esta problemática desde una perspectiva amplia vinculada a la pérdida de derechos para las personas privadas de la libertad  y la  necesidad de una ley de cupos como salida a esta situación; el efecto transformador positivo que debieran tener los lugares de encierro, con un mayor acompañamiento; la reinserción y el rol del Estado con mayor asignación de recursos; la intervención de las leyes frente a este panorama y, por último, la respuesta estatal ante la circulación del COVID-19 en el sistema penitenciario.

La nueva edición de este espacio de intercambio virtual, organizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en el marco de la pandemia de COVID-19 para pensar sobre los espacios de encierro y la situación que atraviesan las personas privadas de su libertad en Argentina, contó con la participación de Virginia Barreyro, directora de Control y Asistencia de Ejecución Penal; Andrea Casamento, fundadora de la Asociación Civil de Familiares Detenidos en Cárceles Federales (ACIFaD); Daniel Morin, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal; y Sergio Paduczak, juez del Tribunal Oral en lo Criminal.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, quien señaló que la tarea de prevención establece como imperativo la generación de condiciones para impedir la tortura, los malos tratos crueles y degradantes en lugares de encierro.  Luego, se refirió a la importancia de escuchar a los actores involucrados en estos espacios. “El resultado de estos aportes y reflexiones que venimos teniendo forman parte de las propuestas que estamos haciendo a los sectores políticos para que lleven a mejores condiciones de dignidad y reinserción a las personas privadas de la libertad pertenecientes a todos los lugares de encierro legitimados por el Estado”, manifestó Irrazábal.

“La cárcel se transformó en un depósito de personas”

A continuación, Sergio Paduczak, juez del Tribunal Oral en lo Criminal, afirmó que nunca se va a llegar al camino de la resocialización partiendo del hacinamiento, sino que más bien se va hacia un abismo. “En 2005, vi en Devoto pabellones para 70 personas donde vivían más de 180 personas. En los últimos tiempos, la cárcel se transformó en un depósito de personas”, sentenció el magistrado.

Luego, denunció la falta de recursos producto de un contexto de desborde que sólo lleva a una pérdida creciente de derechos: laboral, a estudiar, a tener acceso a un sistema de salud acorde al ser humano. “La sociedad carcelaria hoy representa la pelea por la vida, por los derechos, por sobrevivir cada día”, señaló. Y aseguró que la salida de esta situación sólo llegará de la mano de la Ley de Cupos. “Algún día, el Estado va a tener que decir cuántos presos quiere, porque no puede existir un número indeterminado de personas privadas de la libertad. No puede ser que no haya una política al respecto”, agregó.

“¿Qué tan justa es una pena privativa de la libertad por hambre?”

La directora de Control y Asistencia de Ejecución Penal, Virginia Barreyro, reflexionó sobre la fe que se generaliza en el encierro de personas como solución final y sinónimo de mayor seguridad. “¿Por qué se cree que eso mejora todo? No hay datos reales que nos lleven a pensar esto seriamente. Es una trampa”, denunció. Durante su intervención, Barreyro contó el caso de una persona privada de la libertad que conoció en un taller de prelibertad, condenada a 45 días por robar seis empanadas. “¿Qué tan justa es una pena privativa de la libertad por hambre? Pensando en números, ¿el Estado debe destinar recursos a eso?”, interrogó.

Además, la titular de Control y Asistencia de Ejecución Penal señaló que los problemas se cargan sobre el Servicio Penitenciario cuando, en realidad, hay otros sectores que deben tomar esa responsabilidad. Por último, planteó que los lugares de encierro debieran tener un efecto transformador con la aplicación de medidas alternativas, con supervisión, con pautas para el abordaje y el acompañamiento de un equipo psicosocial. “Los casos alentadores no son noticia: hay gente que termina el secundario, gente que agradece el contacto humano. En general, las personas no tienen vocación por el delito, y cuando aparece algo más, lo toman bastante rápido”, sostuvo.

“Recibimos quinientos llamados de personas detenidas por problemas de salud”

A su turno, Andrea Casamento, fundadora de la Asociación Civil de Familiares Detenidos en Cárceles Federales (ACIFaD), señaló que el hacinamiento genera falta de recursos mínimos necesarios en materia de salud, comida, recreación e higiene. “Desde la asociación, entre junio y agosto recibimos quinientos llamados de personas detenidas pidiéndonos por problemas de salud, muchos asustados por el coronavirus y otros por la tuberculosis. Si el Estado no les puede brindar un baño, difícilmente podamos pensar qué van a hacer estas personas una vez que recuperen la libertad.”

Casamento habló también de la dificultad que experimentan las personas privadas de la libertad al terminar su condena y la exigencia de una rápida adaptación por parte de la sociedad. “Todos tuvimos que aprender a vivir en libertad, es un aprendizaje para todos a lo largo de la vida, pero la cárcel infantiliza y pone a las personas privadas de la libertad en un lugar que no pueden elegir”, dijo.

Para la fundadora de ACIFaD, cuando esas personas recuperan su libertad, “les exigimos hacerse cargo de sus vidas, cuando por años vivieron en un clima hostil y no tienen idea de las cuestiones de la vida cotidiana, no tienen ese ejercicio”. Casamento cerró su intervención afirmando que el Estado debe empezar a pensar la inclusión social desde el primer día de la condena. “Debería ser una política de Estado con asignación de recursos porque la prelibertad forma parte de la condena. Hay que aprender a vivir de otro modo y eso lleva un tiempo: así como tuvieron que aprender a vivir adentro, ahora van a tener que aprender a vivir afuera”, concluyó.

“La lógica de los legisladores es aumentar las penas”

Daniel Morin, presidente de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, responsabilizó al Estado por las condiciones de hacinamiento en las que viven las personas privadas de la libertad: “La lógica de los legisladores es aumentar las penas: casos que antes eran excarcelables ya no lo son”. Como alternativa a esa problemática, planteó el uso de pulseras y llamó al Estado a preguntarse: “¿Para qué tengo a alguien detenido? ¿Por qué en la cárcel si puedo tenerlo con métodos menos agresivos?”.

Sobre la circulación de COVID-19 en el sistema penitenciario, Morin recordó que si bien se pidió a los jueces que aplicaran la doctrina tendiente a la liberación para los que no tenían sentencia firme, el Poder Ejecutivo dijo que no era su problema y el Poder Legislativo dijo que le haría juicio político a quienes soltaran a los presos.

A modo de cierre de la séptima conferencia, el comisionado del CNPT, Alejandro Armoa, llamó a reflexionar sobre la deuda que tiene la democracia con el sistema carcelario e instó a todos los actores involucrados a “trabajar sobre cómo vamos a concientizar a la sociedad en la necesidad de pensar una cárcel con más humanidad”.

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