8va conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, organizado por el CNPT

8va conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal”, organizado por el CNPT

El desarrollo de la octava conferencia del ciclo “Del hacinamiento a la reinserción. Reflexiones sobre la ejecución penal” giró sobre el fracaso de la ley de ejecución penal desde su aspecto práctico; la necesidad de democratizar el sistema carcelario; los lugares de encierro planteados como espacios de libertad que preparen a las personas en situación de encierro para el momento de la excarcelación; y la idea del proceso de resocialización desde la perspectiva de un derecho y no de una obligación.

Jaquelina Ana Balangione, defensora provincial de Santa Fe; Mirta López Gonzalez, ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional; Mario Magariños, juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional; y Gustavo Segovia, sociólogo y titular de FADELI.ARG participaron, como panelistas, en una nueva edición de este espacio de intercambio virtual organizado por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en el marco de la pandemia de COVID-19, con el objetivo de pensar sobre los espacios de encierro y la situación que atraviesan las personas privadas de su libertad en Argentina.

En el inicio al ciclo, Juan Irrazábal, presidente del CNPT, destacó la importancia de las jornadas de reflexión: son un aporte que “enriquece la mirada sobre el sistema carcelario” y refuerza la necesidad de “seguir trabajando para evitar los malos tratos, torturas y vejámenes en los lugares de encierro”. Asimismo, instó a los responsables interinstitucionales a lograr el objetivo de la reinserción social, recordando que se trata de un mandato constitucional.

“La ley está llena de matices, pero en el plano real las cárceles son meros depósitos de personas”

Jaquelina Ana Balangione, defensora provincial de Santa Fe, hizo referencia a la problemática carcelaria desde dos planos: el normativo y el real. “La ley de ejecución penal es robusta. Está llena de matices, que son concordantes, y se encuentran en sintonía con la Constitución, pero el plano real es diferente, con cárceles que son meros depósitos de personas. Los recursos se vuelcan en la custodia, no en la resocialización, como marca la Constitución”, sentenció Balangione.

Luego, se refirió a una “mirada peyorativa de la sociedad” que, en su opinión, es motivada por “una campaña comunicacional sensacionalista” contra las personas que cometen un delito. “Esto repercute en los jueces, que están muy preocupados por el juicio social: durante la pandemia arrancaron con una recepción positiva del pedido de libertades para grupos de riesgo y por presiones de los medios, esa tendencia comenzó a ceder”, denunció la defensora provincial de Santa Fe.

Asimismo, planteó la dificultad de tener tantas personas privadas de la libertad sin condena, en prisión preventiva. “La realidad demuestra que altos porcentajes de personas privadas de la libertad son declaradas inocentes y la situación de hacinamiento genera problemas, más allá de la incomodidad, que repercuten en el campo de todos los derechos que no dejan de tener por estar privados de la libertad”, dijo.

Además, la magistrada se refirió a los programas realizados en la provincia de Santa Fe de asistencia permanente a las personas privadas de su libertad, con una presencia constante y diaria en los lugares de encierro, y un contacto directo. “Las personas privadas de la libertad saben que tienen una respuesta asegurada en temas que afectan a sus derechos. Este trabajo se agudizó con la pandemia”, afirmó. Por último, la panelista recordó que la provincia de Santa Fe elaboró un registro de violencia institucional y tortura, tomando como modelo el registro nacional que llevan la Procuración Penitenciaria de la Nación y el CNPT.

“El sistema carcelario se tiene que democratizar”

A su turno, Gustavo Segovia, titular de FADELI.ARG, señaló que esa organización trabaja en el territorio hace más de 10 años con un equipo de intervención judicial, un consejo consultivo de profesionales y un equipo de monitoreo en los lugares de privación de la libertad.

Por otra parte, el sociólogo denunció la situación desigual que se vive en las cárceles de mujeres: “Nosotros vemos ahí un especial sufrimiento. Es muy difícil que les autoricen a las mujeres el derecho a la salud, a la educación o al trabajo”. En referencia al ámbito carcelario, sostuvo que anidan allí prácticas tortuosas que el Estado convalida y naturaliza. “Cuando una persona pisa la cárcel, le ponen un número y pasa a ser otra cosa, porque pierde todos sus sentidos”, exclamó Segovia.

Segovia propuso la idea de un sistema carcelario a construir: “Necesitamos una cárcel democratizada, abierta a los Ministerio de Justicia y Trabajo, Producción, Salud, Educación: estos ministerios deberían regular cierta conducta intramuros y no dejarla librada al albedrío del Sistema Penitenciario Bonaerense o Federal. Si no modificamos esto, vamos a seguir igual”.

“Estamos dominados por el discurso punitivista”

En el comienzo de su interveción, Mirta López Gonzalez, ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, hizo referencia a la Ley de Ejecución de la Pena. “No tenemos una mala legislación, pero si pensamos que trata de garantizar un trato humano de las personas privadas de la libertad, no se cumplió con ese objetivo. Tampoco como sociedad hemos hecho lo suficiente y la pandemia hizo visible el déficit del sistema carcelario”, evaluó.

Sobre los programas del Servicio Penitenciario Federal, dijo que podrían servir porque no están nada mal. “El problema está en la diferencia entre lo que se dice que se hace y lo que no se hace”, aseguró la ex jueza. “¿Por qué pasa esto? ¿Es desidia? ¿Falta de presupuesto? ¿Falta de gente capacitada? ¿Conductas perversas? ¿Falta de control?”, se preguntó la ex magistrada, para luego sentenciar: “Todos estamos involucrados, dominados por el discurso punitivista de la opinión pública”.

“Estoy convencida de que cuando un juez decide no excarcelar, si tuviera la posibilidad de ver lo que pasa en las cárceles, ver adonde manda a esa persona, cambiaría de opinión, sopesaría otras cuestiones”, evaluó la magistrada. “Todos coinciden en que la prisión no es un lugar humano, que está diseñado para sufrir. Las cárceles deberían parecerse a un espacio de libertad y democracia: habría que proponer actividades que generen hábitos que preparen a las personas en situación de encierro, para una vida en libertad”, concluyó la ex jueza de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

“El principio de resocialización debería ser un derecho, no una obligación”

El juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Mario Magariños, señaló que nuestras sociedades no están dispuestas todavía a prescindir de las penas privativas de la libertad. “Es indudable que nuestra ley vigente de ejecución penal ha fracasado –sopesó–. En algunos casos, ni la sociedad ni las personas privadas de libertad saben de qué depende el tiempo de castigo.”

A su vez, planteó la necesidad de cambiar el enfoque del principio de resocialización: “Hay que pensar un sistema para que la resocialización sea un derecho y no una obligación”.

Magariños se refirió, además, al aumento de la “prisionización” de no condenados, causada por el aumento de acuerdos y prisiones preventivas. Hasta que no se firma un acuerdo, las personas privadas de la libertad permanecen en prisión preventiva y esto aumenta la cantidad de población carcelaria, analizó.

Desde su perspectiva, bastaría con incorporar una norma que establezca que no se pueden firmar acuerdos si la persona está privada de la libertad y eso actuaría como “un mecanismo que disminuiría la prisionización cautelar”, aportó el juez de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.

A modo de cierre del panel, el comisionado Ricardo Nioi cuestionó el verdadero rol de los medios y les pidió fortalecer la escucha de la pluralidad de voces. “Los medios de comunicación deberían estar informados y escuchar a todos los sectores, no sólo a uno”, concluyó el comisionado del CNPT.

 

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