Día Internacional de la Mujer 2021: Una oportunidad de acción global por una justicia más equitativa, accesible y segura para las mujeres

Día Internacional de la Mujer 2021: Una oportunidad de acción global por una justicia más equitativa, accesible y segura para las mujeres

8 de marzo de 2021. Por primera vez – hoy en el Día Internacional de la Mujer – el “Comité Nacional para la Prevención de la Tortura” (CNPT)Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Argentina- se ha unido a la Asociación para la Prevención de la Tortura y a órganos nacionales de monitoreo de todo el mundo para pedir una acción gubernamental sostenida a fin de proteger a las mujeres en prisión.

En todo el mundo, más de 75 órganos nacionales y locales de monitoreo independientes, establecidos en virtud del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (OPCAT) y conocidos como Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención, trabajan para defender la dignidad y la justicia para las personas privadas de libertad.

Como Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención llevamos a cabo visitas periódicas a todo tipo de lugares de detención. Realizamos entrevistas -bajo reserva- con las personas detenidas, sus familiares y el personal que trabaja en los centros de privación de la libertad. Documentamos cómo afecta el entorno carcelario a las mujeres procesadas o condenadas. Preparamos informes que ponen de manifiesto la discriminación y la violencia de género que sufren las mujeres en prisión, incluidas las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad por motivos de raza, etnia, orientación sexual, identidad, expresión de género, discapacidad y elevamos esos documentos a las autoridades. Y, lo más importante, elaboramos recomendaciones prácticas para impulsar cambios en la legislación, las políticas públicas, los procedimientos y las prácticas vinculadas a las personas privadas de la libertad. Lo hacemos sobre la base de un diálogo sostenido y constructivo con todos los actores del sistema de justicia penal.

El monitoreo de la situación y las necesidades de las mujeres es un aspecto clave de nuestro trabajo. Y ha sido especialmente crucial durante la pandemia de COVID-19. Desde el CNPT se han advertido una serie de medidas generales adoptadas por las autoridades en el marco de la emergencia sanitaria que ponen de relieve el impacto diferenciado de estas decisiones en la atención médica de las mujeres y, en particular, de las embarazadas. A modo de ejemplo, según los protocolos utilizados para evitar la propagación del virus COVID-19 en los espacios de encierro, por lo general, al ingresar las personas deben pasar por un período de aislamiento. Esta medida afectó en particular a mujeres embarazadas que debían realizar controles periódicos fuera del establecimiento penitenciario (por falta de recursos médicos especializados en la unidad), decisión que supuso un aislamiento para esas mujeres ante cada nuevo ingreso.

Por otro lado, el CNPT observa que el tratamiento de la salud mental en los lugares de detención se viene postergando. Durante la emergencia sanitaria se incrementaron las respuestas de tipo sanitarias para evitar la propagación del virus, en detrimento de los efectos en la psiquis a partir de la suspensión o disminución en el contacto con familiares y vínculos afectivos; particularmente, en personas gestantes y personas con enfermedades crónicas que dependen en gran parte de su entorno para la entrega de medicación y otros insumos necesarios.

Las y los niños también han sufrido las consecuencias de la pandemia al no poder ver a sus madres. En ese sentido, desde el CNPT hemos elaborado recomendaciones a todos los poderes para promover la aplicación de planes de liberación anticipada y medidas alternativas a la detención para las mujeres. En el marco de la pandemia a causa del virus COVID-19 se evidenció especialmente que las mujeres que son madres, embarazadas, que sufren padecimientos de salud mental y/o que están detenidas por delitos no violentos vinculados a mecanismos de subsistencia asociados al rol que encarnan dentro de sus familias, deberían ser objeto prioritario de medidas alternativas al encarcelamiento.

A su vez, en 2020 el CNPT envió observaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el marco de la opinión consultiva solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre “Enfoques diferenciados en materia de Personas Privadas de Libertad” respecto de mujeres embarazadas, en posparto y lactantes, niños y niñas privadas de la libertad junto a sus madres y colectivo LGBTI+. En esa oportunidad, se pusieron en conocimiento de la Corte IDH las normas nacionales y regulaciones existentes respecto de estos grupos, así como las prácticas de tortura y malos tratos detectadas en el marco de las inspecciones realizadas por el organismo.

El CNPT utiliza las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok), aprobadas hace diez años, como brújula para nuestro monitoreo y para sustentar nuestros hallazgos y recomendaciones. También son fundamentos de nuestro trabajo otras normas complementarias, como las Reglas Nelson Mandela y los Principios de Yogyakarta. Al reforzar la protección de las mujeres en prisión y promover alternativas no privativas de libertad, las Reglas de Bangkok son especialmente relevantes durante la COVID-19.

En el marco de las visitas de inspección que realiza el CNPT en todo el país, se recibieron exposiciones que daban cuenta de la persecución a mujeres por su orientación sexual, lo que se traducía en hostigamiento tanto por parte del personal penitenciario, como entre compañeras. A su vez, las prácticas más graves registradas tienen que ver con los mecanismos de sujeción utilizados, con la administración de fármacos sin consentimiento, con la imposición de requisas y revisiones corporales invasivas.

Reconocemos las medidas positivas adoptadas por los Estados para proteger los derechos de las mujeres en prisión. En su último Informe Anual, el Comité señaló que en diversas provincias se registraron resoluciones judiciales que buscaban reducir la cantidad de  personas privadas de la libertad y los niveles de hacinamiento mediante la aplicación de medidas de morigeración o alternativas a la prisión. En algunas de esas jurisdicciones, los Tribunales Superiores, el Ministerio Publico Fiscal o de la Defensa, emitieron recomendaciones o directivas de carácter general a fin de que se dé prioridad en el otorgamiento de la prisión domiciliaria a mujeres embarazadas y/o alojadas con sus hijos/as y/o con niños/as a su cargo, remitiéndose en algunos casos a las recomendaciones del CNPT. Sin embargo, es necesario una acción mayor y sostenida, especialmente durante esta pandemia. Por lo tanto, hacemos un llamamiento conjunto para que los Estados actúen y renueven su compromiso de defender la dignidad, salud, integridad y seguridad de todas las mujeres encarceladas y de establecer alternativas a la detención para las mujeres en conflicto con la ley. Las Reglas de Bangkok, junto con las recomendaciones formuladas por los Mecanismos Nacionales y Locales de Prevención, proporcionan a los Estados una base sólida para que la justicia sea más equitativa, accesible y segura para las mujeres.

📸 Universidad Nacional de Tres de Febrero

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