Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional

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Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional

En el año 2013 se aprobó la Ley 26.811 que estableció el 8 de mayo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.

La fecha elegida se debe a que el 8 de mayo de 1987 funcionarios policiales acribillaron a tres jóvenes en un barrio popular de la Provincia de Buenos Aires. Los procesos judiciales del caso demoraron varios años y culminaron con la condena a los agentes involucrados quienes estuvieron prófugos de la justicia hasta que fue detenido el último de ellos en el año 2006. La movilización de la comunidad fue vital para conocer la verdad y luchar contra la impunidad.

Treinta y dos años después de aquel suceso conocido como la Masacre de Budge, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) recibe denuncias y da seguimiento a casos en los que se violan derechos humanos fundamentales. El Comité constata violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios de las áreas de seguridad, penitenciarias o de salud mental. Así mismo interviene en situaciones de torturas y malos tratos contra personas menores de edad y adultos mayores en contexto de encierro.

Desde su reciente creación en el año 2018 el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura busca promover el conocimiento y la denuncia de toda situación de violencia institucional, mejorar la asistencia a las víctimas y familiares y evitar el apoyo o connivencia institucional con estos hechos. Asimismo, el Comité busca fortalecer las respuestas de los tres poderes del Estado en las políticas necesarias para la prevención de la tortura y apoya el trabajo de las organizaciones sociales que luchan contra la impunidad.

El Comité Nacional es un organismo público e independiente para la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las personas privadas de libertad en cualquier institución pública, privada o mixta. Fue creado por la ley nacional 26.827 en cumplimiento de lo dispuesto por el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanas y Degradantes de la ONU.