El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó los resultados del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura para la reducción de la impunidad en la Argentina

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó los resultados del Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura para la reducción de la impunidad en la Argentina

El objetivo de la convocatoria fue compartir los principales resultados del estudio diagnóstico sobre los registros y producción de información y sobre la investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la Argentina.

Se trató de un encuentro virtual a través de la plataforma Zoom y se transmitió en vivo por las redes del Comité.

El estudio se propuso contribuir al plan de trabajo del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, con el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) en tanto órgano rector.

El proyecto contó con la  financiación del Fondo Especial del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas (OPCAT), de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y fue  organizado en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el apoyo de las organizaciones Asociación Pensamiento Penal (APP), Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (XUMEK) y la Cátedra de Criminología de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Por el CNPT participaron su presidente Juan Manuel Irrazabal; la Comisionada Rocío Alconada Alfonsín; el Comisionado Gustavo Palmieri; el Secretario Ejecutivo Alan Iud y la Directora de Producción y Sistematización de la Información Lucía Camardón. También estuvieron presentes las Comisionadas Diana Conti y Josefina Ignacio y el Comisionado Ricardo Nioi.

Por el CELS participaron su Directora Ejecutiva Paula Litvachky y Manuel Tufró, Director del Área de Justicia y Seguridad.

También participaron Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Gabriel Bombini, Profesor e Investigador en Derecho Penal, Criminología y Ejecución Penal, Facultad de Derecho, Grupo de Investigación “Crítica Penal”- Universidad Nacional de Mar del Plata.

Las palabras más repetidas fueron impunidad, tortura, violencia, invisibilidad, naturalización. Durante el encuentro los expositores coincidieron en remarcar que el informe fue el resultado de un esfuerzo colectivo y que no se trata de un producto terminado en tanto será el punto de partida de un trabajo conjunto a seguir profundizando y desarrollando como aporte clave para el Sistema Nacional para la Prevención de la Tortura.

En cuanto a la problemática inherente al tema abordado, los principales obstáculos mencionados no fueron atribuidos a la desidia o la falta de recursos, sino más bien a causas político-culturales asociadas a los altos niveles de impunidad, la naturalización de situaciones de violencia, el desinterés institucional, el prejuicio de la “mala víctima” y la falta de registro existente que lleva a una invisibilidad de lo que ocurre en nuestro territorio en materia de tortura.

¿Por qué hablar de tortura en democracia?

“Cuando asumí este puesto alguien me preguntó si todavía existía la tortura en Argentina- relató el Comisionado del CNPT Gustavo Palmieri. ¿Porqué la necesidad de estos registros? Porque hay instituciones que tienen situaciones de malos tratos y violencia. El objetivo es luchar para que esta vigencia de la tortura en Argentina se diluya y solucione siendo uno de los grandes problemas que existen tanto acá como otros países de la región”, remarcó el Comisionado.

Para lograr este fin, se destacó como imprescindible la erradicación de la impunidad y “para ello tenemos que visibilizar, investigar. Necesitábamos un sistema nacional de producción de información que nos permita hacer las recomendaciones adecuadas y llevar adelante políticas institucionales que se ajusten a la realidad con un diagnóstico certero”, explicó Juan Manuel Irrazábal, Presidente del CNPT.

“La construcción de esa información se torna indispensable para cumplir ese objetivo y para poder dar una discusión”, señaló la Directora Ejecutiva del CELS Paula Litvachky durante su intervención. Litvachky consideró que “se trata de un hecho histórico el armado de un proceso de trabajo que va a permitir tener información completa y homogénea de los procesos judiciales y las situaciones de encierro de todo el país.”

Asimismo, remarcó el grave problema que representa la ausencia de registro en nuestro país “ya que genera que no se pueda discutir en función de las cosas que se necesitan modificar”.

Jan Jarab, Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, elogió la riqueza de las propuestas presentadas calificándolas de “concretas e inspiradoras” y destacó positivamente que se hayan considerado las recomendaciones de los organismos internacionales.

“Este estudio puede constituir un importante aporte a la discusión del proyecto de Ley contra la Violencia Institucional que se está debatiendo en la Cámara de Diputados de la Nación, a fin de evitar la duplicidad de registros con otros similares que puedan tener otras instituciones del Estado”, señaló el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Para finalizar, Jan Jarab se refirió a los problemas inherentes asociados al registro de prácticas violatorias de derechos humanos dentro de “las poblaciones más marginalizadas como son las personas privadas de la libertad”, ya sea el subregistro por vulneraciones de derecho, la delimitación del objeto del registro, la falta de publicidad de bases de datos y los escasos datos en temas de NNYA.

Siguiendo el tema de las dificultades y ausencias que enfrenta la instrumentación de la información en este terreno, Gabriel Bombini, Profesor e Investigador en Derecho Penal, Criminología y Ejecución Penal de la Universidad Nacional de Mar del Plata, agregó que las principales limitaciones son “la falta de tradición de producción de datos en términos de naturalización de situaciones, el desinterés institucional y una posición ideológica relacionada con la construcción de una ´mala víctima´”.

También planteó la falta de conocimiento de protocolos en el marco de actuación: “en un homicidio se hace una autopsia, en la tortura no se sabe bien qué hacer”.

Por último señaló que las universidades deberían jugar un papel central junto con las organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo de este tipo de investigaciones.

La Comisionada Rocío Alconada Alfonsín hizo hincapié en las enormes desigualdades existentes en nuestro país en la materia y en la necesidad de unificar criterios.

“El 80% de los registros está en cuatro jurisdicciones: Santa Fe, CABA, Bs. As. y el Sistema Federal. Hay nueve provincias que no tienen ningún tipo de información. Esto muestra la disparidad y la absoluta invisibilidad de lo que pasa en nuestro territorio: crímenes de estado, tortura o violencia institucional que pasan desapercibidos y de los cuales no tenemos conocimiento ni en el aspecto cualitativo ni cuantitativo, ningún dato. Si hablamos de NNYA la situación es peor y es una cuestión que hay que revertir con el organismo especializado de salud mental y de niñez. Ese será el desafío a partir de ahora”, señaló la Comisionada.

“Hay un Inconsciente colectivo que dice que determinados sectores de la sociedad están preparados para aguantar más el dolor, las vejaciones y la tortura: hay que actuar en consecuencia, no se trata de incapacidad técnica, se trata de la necesidad de que quiénes deben tomar las decisiones a la hora de desarrollar políticas públicas se comprometan activamente en la defensa de los derechos de las personas más vulnerables del sistema”, cerró Alconada Alfonsín.

La iniciativa pionera en esta materia fue la puesta en marcha en el 2002 del Banco de datos de torturas y malos tratos de la Defensoría ante el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires,a cargo del Dr. Mario Coriolano. Al finalizar la jornada el CNPT presentó un emotivo video homenaje realizado en su nombre, siendo que además de haber dejado una huella indeleble en la lucha por la dignidad y los derechos de las personas privadas de la libertad, fue quién desarrolló el primer registro de casos de tortura del país.

Resultados del estudio diagnóstico sobre los registros y producción de información y sobre la investigación y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en la Argentina

La presentación de los resultados estuvo a cargo del Secretario Ejecutivo del CNPT Alan Iud, la Directora de Producción y Sistematización de la Información del CNPT Lucía Camardón y del Director del Área de Justicia y Seguridad del CELS Manuel Tufró.

El estudio cualitativo se nutrió del análisis documental de fuentes secundarias (informes y documentos públicos) y primarias, a través de solicitudes de información a organismos judiciales (Poderes Judiciales y Ministerios Públicos nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) mediante la aplicación de un instrumento de relevamiento y de realización de entrevistas semiestandarizadas a informantes clave  de cada jurisdicción del país, identificados en una mesa técnica del Proyecto. El relevamiento tuvo lugar de mayo a diciembre del 2020.

El material de análisis que dió sustento al informe fue integrado por las legislaciones provinciales, documentos públicos, las respuestas de organismos judiciales a las solicitudes de información, sentencias por casos de tortura y hábeas corpus (colectivos e individuales) vinculados a condiciones de detención, y las entrevistas a actores y operadores del sistema identificados en tanto informantes clave para el Proyecto.

El mapa nacional arrojó tan sólo cuatro (4) provincias con presencia de registros o de capacidades estatales requeridas para producir y sistematizar información sobre tortura.

Se identificaron 19 Registros en Argentina, 14 Judiciales y 5 de organismos de control : tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degrantes (organismos de control); violencia institucional (P. Judicial y Ministerios Públicos) y muertes bajo custodia estatal.

El Registro por jurisdicción y ámbito de relevamiento arrojó reducidas experiencias especializadas y consolidadas de registros de tortura y  muerte en los ámbitos de salud mental y niñez y adolescencia.

Entre las posibilidades y limitaciones se mencionaron: los tipos de subregistro, la delimitación del objeto del registro, las fuentes formales e informales, los relevamientos directos e indirectos, la composición de equipos de trabajo, los obstáculos en la trazabilidad con fuentes judiciales, la publicidad incompleta y la opacidad de las bases, la variedad de registros y la dificultad de comparabilidad.

En cuánto a las propuestas de acciones para mejorar el registro; la sistematización y la publicidad de información sobre casos de torturas y malos tratos del SNPT; y  la respuesta judicial a la tortura y malos tratos, se destacaron:

  • Promover un desarrollo normativo uniforme en todo el país.
  • Desarrollar y sistematizar estándares para el diseño de registros en el marco de los mecanismos locales.
  • Incluir en la discusión del Registro Nacional de Casos de Torturas y Malos Tratos las propuestas y buenas prácticas sobre registros desarrolladas en el marco del proyecto.
  • Mejorar del acceso a la información en los registros existentes.
  • Producir materiales para capacitación.
  • Brindar asistencia técnica como forma de incidencia dirigida a los registros radicados en el poder judicial.
  • Producir informes temáticos y/o jurisdiccionales.
  • Completar el relevamiento de normativa e instrumentos jurídicos a nivel provincial.
  • Promover la creación y aplicación de protocolos de investigación judicial de la tortura y los malos tratos que incorporen los mejores estándares y prácticas.
  • Capacitar operadores judiciales especializados.
  • Producir lineamientos para programas de protección de testigos.
  • Promover y facilitar el acceso a peritos independientes por parte de las querellas.
  • Seguimiento y actualización permanente del diagnóstico sobre la respuesta judicial a la tortura y malos tratos.

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