Presentación de informes de comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires

Presentación de informes de comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires

Presentación de informes de comisarías y cárceles de la provincia de Buenos Aires

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el miércoles pasado, en el Salón “Nunca Más” del Senado bonaerense, sus informes sobre la situación de cárceles y comisarías en la Provincia de Buenos Aires.

La introducción estuvo a cargo del presidente del Comité, comisionado Juan Irrazabal, quien estuvo acompañado por las comisionadas Silvina Canteros, Diana Conti y Josefina Ignacio y por los comisionados Enrique Font, Francisco Mugnolo, Gustavo Palmieri, Diego Lavado y Alberto Luchetti.

Además, hicieron uso de la palabra la comisionada Josefina Ignacio, quien se refirió a la situación de las cárceles; el comisionado Gustavo Palmieri, quien hizo lo propio con comisarías y la comisionada Diana Conti y el comisionado Enrique Font.

Entre el público se contó con la presencia autoridades judiciales, ejecutivas y legislativas, además de integrantes de organizaciones sociales y público en general.

Los documentos fueron realizados a partir de los datos recolectados en las inspecciones realizadas por el Comité a unidades penitenciarias y comisarías en el transcurso de 2018, allí se realizaron entrevistas confidenciales a las personas privadas de la libertad como así también se obtuvo información de legajos y documentos solicitados a las autoridades a cargo de cada dependencia. Los informes también cuentan con información relevada durante 2019 a través de solicitudes a distintos dependencias oficiales, administrativas y judiciales; a organismos públicos como la Comisión Provincial por la Memoria y la Defensoría del Pueblo y a organizaciones sociales que aportaron su propio trabajo para la realización de los mismos, especialmente el Cels, la Asociación Pensamiento Penal y la Red de Defensorías Territoriales en Derechos Humanos.

“Existe un mandato legal que es el de ser articuladores del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y hemos asumido ese desafío. Venimos a complementar y potenciar el trabajo que ya vienen realizando organismos y organizaciones sociales de la provincia”, dijo el presidente, comisionado Juan Irrazabal.

En su documento sobre cárceles, el Comité indicó que “resulta inadmisible que los tres poderes del Estado se limiten a reconocer la sobrepoblación y hacinamiento que se vive en las cárceles, en detrimento de los derechos más básicos de las ppl , sin aplicar medidas concretas tendientes a dar solución específica. El hacinamiento tiene causas y consecuencias, las primeras son la política criminal de encarcelamiento masivo, el abuso de la prisión preventiva y el escaso uso de mecanismo alternativos al encierro; las segundas, la violación sistemática de derechos y de la dignidad humana”.

Sobre comisarías, el organismo requirió “medidas urgentes para la clausura definitiva de aquellas dependencias policiales que ponen a las ppl en riesgos ciertos contra su vida e integridad física y que de ningún modo pueden garantizar sus derechos mínimos”.

Asimismo, indicó que “es necesario adoptar medidas menos lesivas que la privación de la libertad para delitos de menor gravedad; promover el cumplimiento de libertades condicionales; revisar las medidas de encarcelamiento en los grupos más vulnerables como personas enfermas y mujeres con hijos”.

El Comité, a través del documento presentado el miércoles, consideró “que las instancias superiores de la Justicia provincial deben mejorar sus instrumentos para cumplir con su función de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las ppl” y reiteró “su interés en las medidas que puedan provenir de la instancia de diálogo interinstitucional conformada en el ámbito del Tribunal de Casación Penal”.

Por último, remarcó su compromiso en promover las estrategias y los consensos necesarios para cumplir con el mandato que tiene por ley, que es el de establecer un diálogo colaborativo con las autoridades de los tres poderes del Estado con el objeto de prevenir la tortura y los malos tratos en contexto de encierro.