Reunión interinstitucional del CNPT y los Servicios Penitenciarios Provinciales

Hoy tuvo lugar un encuentro virtual e interinstitucional entre el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y los Servicios Penitenciarios Provinciales de todo el país con el objetivo de establecer un circuito que incremente y mejore la calidad de la información compartida. De la reunión, convocado por el Comité, participaron directores de los Servicios Penitenciarios; comisionados, comisionadas y el equipo técnico del CNPT. También el alcaide General del Servicio Penitenciario de Misiones, Walter Javier Flores; el jefe del Servicio Penitenciario Provincial de Corrientes, el inspector General Rubén Roque Romero; el comisario Inspector de la Policía, Ricardo Caro de Neuquén; el director General del SPP, Comisario General, Hugo Cecchini; la secretaria de Justicia de Río Negro, Betiana Minor; Federico Robledo, director de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba; Xavier Areses, jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense; Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos; Juan José Pedroza, director del Servicio Penitenciario de Chaco; y el director Ejecutivo del Servicio Penitenciario Provincial, inspector General Víctor Horacio Ramos.

En el inicio del encuentro, la comisionada Ignacio señaló que el objetivo de la convocatoria fue conocer la situación en cada una de sus provincias y recordó que el CNPT tiene mandato, como órgano rector del Sistema de Prevención de la Tortura, para cumplir con los distintos actores. “Los Sistemas Penitenciarios son un actor clave en esta red que debemos armar para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad, y ustedes, como custodios de estas personas, no pueden quedar afuera”, afirmó la comisionada, e instó a trabajar “de manera colaborativa” y a “establecer un diálogo constante”.

Las autoridades de los Servicios Penitenciarios Provinciales agradecieron la posibilidad de encontrarse en este espacio, resaltaron la importancia de poder compartir e intercambiar ideas e incorporar prácticas de provincias vecinas. Betiana Minor, secretaria de Seguridad de Río Negro, destacó que el CNPT se ha mostrado siempre “con un diálogo apacible y colaborativo y eso es bienvenido. Todos tenemos que construir en un mismo sentido y celebro que podamos trabajar en esta línea”, agregó.

Quienes participaron del encuentro coincidieron en la capacidad de reacción que tuvo Argentina respecto de la aplicación de sus protocolos, ubicándola entre los países con tasas más bajas de contagio de COVID-19 del sistema penitenciario, en comparación con otros que, al mes de iniciada la pandemia en la región, ya presentaban casos positivos.  Las autoridades hicieron hincapié en que eso se debió no sólo a la aplicación exitosa de los protocolos sanitarios promovidos por el sistema de salud, sino también a la buena predisposición de las personas privadas de la libertad (PPL) y del personal penitenciario.

En la reunión también se compartieron aspectos de los protocolos adoptados en las provincias para las visitas de familiares, la entrega de mercadería a las PPL, el uso de celulares, las medidas integrales para los casos sospechosos y positivos de COVID-19 y las normas de higiene para evitar contagios dentro de los establecimientos penitenciarios. Otro de los aspectos relevantes fue el rol que adquirió el uso de los celulares y la posibilidad de realizar videoconferencias, dado que, en algunos casos, sirvió para reemplazar eventualmente las visitas familiares, ayudó a mantener el contacto con los defensores y con el Poder Judicial, y hasta se utilizó con fines educativos.

Sobre el régimen de visitas, se confirmó que, si bien se vieron reducidas en su frecuencia, se mantuvieron en las provincias de Río Negro (sólo en la ciudad de Viedma), Neuquén, Corrientes, Misiones y Salta, aplicando protocolos necesarios para evitar el contagio, como el uso de mamparas, el acondicionamiento de los espacios y el impedimento del contacto físico. En algunas ciudades de esas provincias, debido al rebrote del virus, hubo retrocesos en las medidas, como en las ciudades de Neuquén y Paso de los Libres.

La novedad, en la provincia de Misiones, fue la adaptación de los protocolos, pero sin la necesidad del uso de vidrios o mamparas. Son pocas las personas privadas de la libertad que aceptan esas barreras como medidas de prevención y distanciamiento: eso se explica, en parte, por el miedo al contagio, la necesidad de proteger a sus familias y porque, con las videollamadas, pudieron mantener el contacto con sus allegados.

Las restricciones a las que se vieron sometidos las PPL fueron compensadas con la incorporación de protocolos para el uso de celulares, algo que les trajo una mayor tranquilidad porque les garantizó un contacto fluido con sus familiares, con el Poder Judicial (las audiencias se llevan a cabo por esa vía) y, en algunos casos, se estarían utilizando con fines educativos.

Asimismo, los participantes detallaron las medidas de seguridad aplicadas en la recepción de mercadería, que, lejos de prohibirse, aseguraron que es sometida a higiene e inspecciones de seguridad de acuerdo con el protocolo establecido en cada provincia. En Córdoba, Federico Robledo, director de Políticas Penitenciarias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señaló que la provincia adoptó el uso de un sistema de geolocalización de casos positivos de COVID-19, que permite identificar si la persona detenida proviene de un lugar con foco de contagio, algo fundamental para evitar la circulación del virus.

En la provincia de Buenos Aires, Xavier Areses, jefe del Servicio Penitenciario, señaló que en el mes de septiembre se van a inaugurar quince hospitales ubicados en los doce complejos penitenciarios, con capacidad para 30 personas, como instancia intermedia, que “van a permitir más capacidad de respuesta e impedir el colapso del sistema de salud”. Y anunció que la decisión de aplicar en todas las unidades de la provincia el Protocolo de Resolución de Conflictos, experiencia piloto desarrollada en el Penal de Batán –declarado de interés por el CNTP– y que ayudó a disminuir las sanciones disciplinarias generando otras alternativas en el camino de la resolución de conflictos.

La comisionada Josefina Ignacio cerró el encuentro señalando que se cumplió el principal objetivo: “escuchar de boca de ustedes la situación que se vive en cada provincia”. Ignacio mencionó la necesidad de generar protocolos para flexibilizar la reactivación y ampliación de actividades y salidas laborales y transitorias. Y destacó el trabajo de las autoridades y del personal de los Servicios Penitenciarios Provinciales, que fue “fundamental para contener la situación”. Por último, destacó la actitud de las personas privadas de la libertad que “desde el minuto cero entendieron esta situación y decidieron ponerse a disposición de los protocolos, más allá de los reclamos o situaciones particulares en algunas provincias”.