Visita institucional a Córdoba
El dia 5 de de febrero el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) realizó una visita institucional a la provincia de Córdoba con motivo de sucribir un convenio de colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), y fortalecer la cooperación para la prevención de la tortura en contextos de encierro con los distintos actores de la provincia.
El convenio tiene la finalidad de articular acciones de intercambio y asistencia técnica e implementar proyectos de extensión universitaria orientados a la promoción de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en la Provincia.
Participaron de la firma, por el CNPT, el presidente Juan Manuel Irrazábal, las comisionadas Natalia Gabellini y Josefina Ignacio, el comisionado Rodrigo Solá y la directora Silvina Irrazábal. Por la UNC, el decano de la Facultad de Derecho, Carlos Toselli; el secretario de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, Conrado Storani; el secretario general de la Facultad, Francisco Berzal; el secretario de Extensión y Cultura, Luis Díaz; y la subsecretaria de Extensión y Cultura, Laila Villa.
El encuentro contó además con la presencia de la legisladora Brenda Austin; el Dr. Wilfrido Pérez, de la Oficina de DD.HH. y Justicia del Tribunal Superior de Justicia; y Rossana Gauna, Coordinadora del Programa Universidad Sociedad y Cárcel de la UNC.
En el marco de la agenda oficial, la delegación mantuvo encuentros estratégicos con autoridades del Estado, actores académicos y organizaciones no gubernamentales para abordar la situación del sistema penitenciario y judicial.
En ese sentido, se mantuvo una reunión de trabajo con la Fiscal General Adjunta, Bettina Croppi, y la Secretaria de la Fiscalía General Zully Riso y para fortalecer el intercambio de información; y por otro parte, con el titular de la Fiscalía de Distrito 11 Dr. José Alberto Mana, con ámbito de actuación territorial en los establecimientos penitenciarios de mayor población de la provincia —Complejo Carcelario N.º 1 de hombres y Establecimiento Penitenciario N.º 3 de mujeres, ambos en Bouwer—, junto con el Secretario Nicolás Torres, funcionarios e instructores que intervienen en las investigaciones.
A su vez, la delegación fue recibida por el Defensor General de la Provincia, Pablo Alfredo Bustos Fierro, la Defensora Adjunta, Guadalupe Petrini, los Defensores Adjuntos Pablo Pupich y Néstor Gómez, la Directora General de la Oficina de Violencia Institucional Ana Pagliano, y funcionarios del MPD, en donde se compartieron preocupaciones sobre la situación carcelaria de la provincia, y se acordaron acciones conjuntas para fortalecer el esclarecimiento de los hechos de violencia institucional en contexto de encierro.
Asimismo, la comitiva dialogó con el Ministro de Justicia y Trabajo, Julian López, la Secretaria General de la Gestión Penitenciaria y Lucha contra el Narcotráfico, Nadia Fernández, y con el Secretario de Organización Penitenciaria, Iván Ortega Tadey, sobre las condiciones de detención y las políticas de gestión carcelaria actuales. La visita cobra especial relevancia dado que, según el último informe del CNPT sobre la privación de la libertad en establecimientos penitenciarios, Córdoba presenta una de las tasas de encarcelamiento más altas del país, con 377 personas privadas de la libertad por cada 100.000 habitantes, superando ampliamente la media nacional.
Además, se llevó a cabo un encuentro, realizado en Ciudad Universitaria, del que participaron representantes del sector académico y de organizaciones no gubernamentales —entre ellas, el Museo de Antropología, Feministas en Derecho, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Familiares de Víctimas de Violencia Institucional y Solidaridad Anticarcelaria Córdoba—, orientado al intercambio de diagnósticos y a la continuidad del trabajo sostenido que este Comité viene desarrollando con estos espacios.
La delegación del CNPT se reunió con la Dra. Julia Luna y Marina Gudiño, equipo jurídico de Paola Ortiz. Ortiz se encuentra privada de su libertad desde hace 13 años tras padecer un parto en avalancha. Por este hecho fue condenada por homicidio agravado por el vínculo, en un proceso marcado por la falta de perspectiva de género.
La visita permitió fortalecer la articulación con organismos judiciales, áreas del Ejecutivo, universidades y organizaciones sociales, consolidando espacios de trabajo conjunto para el monitoreo y la mejora de las condiciones de detención en la provincia, y reafirmando la necesidad de continuar desarrollando políticas públicas orientadas a la prevención de la tortura y la protección efectiva de los derechos de las personas privadas de la libertad.