Declaración conjunta sobre la reforma del Régimen Penal Juvenil
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), el Consejo Federal de Mecanismos Locales (CFML) y la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes expresamos nuestra preocupación frente al tratamiento del proyecto de ley de Régimen Penal Juvenil en el período de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, sin un debate amplio, informado y sin respaldo en evidencia.
En la jornada de hoy, las comisiones de Legislación Penal, Familias, Niñez y Juventudes, Justicia y Presupuesto y Hacienda otorgaron dictamen a un proyecto de reforma que se aparta de los estándares internacionales en materia de justicia juvenil, previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y en la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de los NNyA (Ley 26.061), así como de las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, constituyéndose en una reforma regresiva para la garantía de derecho.
Se insiste con los puntos más preocupantes y discutidos en el marco del tratamiento legislativo que tuvo durante el año 2025: se sostiene la baja de edad de responsabilidad penal a los 14 años, no se garantiza que la privación de libertad sea una medida excepcional, se establece la posibilidad de aplicar una pena máxima de 15 años de prisión, y se autoriza el alojamiento de adolescentes en sectores ubicados dentro de unidades penitenciarias.
Las instituciones firmantes ya hemos expresado que el sistema sistema vigente, previsto en el Decreto-Ley 22.278, debe ser reformado pero adoptando un marco legal que respete los derechos y garantías de NNyA.
Esto implica, entre otras cuestiones:
• no disminuir la edad de responsabilidad penal;
•crear un sistema especializado que contemple procedimientos y medidas diferentes a las del régimen penal general;
•respetar los principios de proporcionalidad, razonabilidad y última ratio,
•promover las medidas no judiciales y la justicia restaurativa;
•garantizar que la privación de libertad sólo se utilice excepcionalmente, por el tiempo más breve posible y sujeta a revisión periódica;
•que el alojamiento de NNyA sea en establecimientos especializados y con personal debidamente capacitado.
El régimen que se pretende instaurar es regresivo y contradice expresamente las recomendaciones que distintos organismos internacionales le hicieron a la Argentina.
En 2024, el Comité de los Derechos del Niño instó a armonizar el sistema de justicia juvenil con la CDN y otras normas pertinentes, y a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años para todo tipo de delitos.1 Recientemente, el Comité contra la Tortura (CAT) expresó preocupación con respecto de este proyecto de ley ya que reduciría la edad mínima de responsabilidad penal y recomendó al Estado velar para que ello no ocurra.
Por último, cabe recordar que la información estadística refleja que el porcentaje de adolescentes involucrados en hechos delictivos es baja y que la problemática podría abordarse de forma más eficiente y menos costosa con políticas públicas dirigidas a garantizar los derechos de los NNyA, en lugar de proponer una intervención mayormente penal, con medidas cuya implementación requiere de mayores recursos e infraestructura.
En este sentido, advertimos que las propuestas que tienden a agravar las penas y bajar la edad mínima de responsabilidad penal, pasan por alto otras modalidades de abordaje —que incluso se están implementando en muchas provincias del país— que no están asociadas a la privación de libertad y que resultan más efectivas.
Ver Declaración ACÁ.