El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hace un llamado a las autoridades a adoptar medidas concretas para prevenir hechos de violencia institucional en el marco del ASPO.

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El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura hace un llamado a las autoridades a adoptar medidas concretas para prevenir hechos de violencia institucional en el marco del ASPO.

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, manifiesta su profunda preocupación ante la reiteración de graves hechos de violencia institucional en diversos puntos del país y hace un enfático llamado a las autoridades a adoptar medidas concretas de prevención, como así también a realizar una pronta y eficaz investigación ante su comisión.

Los graves hechos que tuvieron lugar en el barrio Fontana (Chaco), el día 31 de mayo, ocasión en la que cuatro personas – dos de ellas mujeres – habrían sido víctimas de torturas en un procedimiento sin orden judicial llevado a cabo por (integrantes de la policía local), no resultan aislados. De acuerdo con el monitoreo efectuado por el Comité, en el marco del Asilamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) – que supuso un fuerte incremento en la presencia de las fuerzas de seguridad en el territorio-, se han registrado hechos de violencia institucional en diversos puntos del país.

Según la información a la que accedió el CNPT, durante el fin de semana pasado un grupo de efectivos policiales ingresaron sin orden de allanamiento a la propiedad de una familia QOM ubicada en el Barrio Banderas Argentinas en la localidad de Fontana. En este contexto habrían golpeado y torturado a la familia. Según indican, también hubo disparos de arma de fuego y casos de abuso sexual. Los agentes involucrados fueron desafectados de manera preventiva, e intervino la Secretaria de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, brindando contención a las víctimas y se constituirán como querellantes en la causa. A su vez, se encuentra investigando la Fiscalía especializada. Por otro lado, se accedió a información donde se pueden ver a agentes policiales efectuando un disparo a quemarropa y a corta distancia frente a una joven en actitud pasiva.

En Tucumán, Luis Espinoza, un trabajador rural detenido por la policía local en el contexto del ASPO en la localidad de Monteagudo, apareció muerto días después en el territorio de Andalgalá (Catamarca). La Fiscal a cargo solicitó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) por la complejidad de caso y los actores intervinientes. Pocos días después, el ECIF localizó el cuerpo en territorio catamarqueño, en el departamento de Andalgalá, en un precipicio a 150 metros de profundidad. Hasta el momento 9 policías fueron desafectados y 9 personas fueron detenidas (8 de ellas policías).

En San Luis, se registraron dos muertes por ahorcamiento en dependencias policiales. El 5 de abril el CNPT tomó conocimiento de la muerte de Florencia Morales en una comisaría de la localidad de Santa Rosa de Conlara. Florencia había sido detenida durante el ASPO. Si bien en un primer momento, señalaron que se trataba de un suicidio, en una segunda autopsia se detectaron “signos compatibles con la autodefensa”. Fueron separados preventivamente los policías sospechados de haber estado involucrados en la muerte de Florencia. Asimismo, se registró que el 25 de abril un joven de 16 años había sido demorado en la localidad de Villa Mercedes, provincia de San Luis y posteriormente apareció ahorcado en una celda de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia.

En Jujuy, se tomó conocimiento de que una mujer trans fue abusada sexualmente en la comisaría N°39 de localidad de Libertador Gral. San Martin, cuando estaba detenida en contexto de violación del ASPO. Se informó al Comité que los efectivos policiales habían sido apartados y sumariados, a la vez que se habría realizado una denuncia al respecto, y habría tomado intervención el Consejo de la Mujer de dicha provincia. Asimismo, el CNPT tomó conocimiento que en la Unidad Regional N° 8 de esa localidad se alojaban personas detenidas en jaulas. Desde la provincia se informó que tomó intervención el área de Asuntos Internos de la Policía y se habría desafectado a efectivos policiales.

En Santiago del Estero, se registró la muerte de Mauro Ezequiel Coronel, quien fue detenido el 1 de mayo por efectivos de la comisaría N°10. Según sus familiares, el joven habría sido trasladado al Hospital Regional por gran la cantidad de golpes efectuados por integrantes de las fuerzas de seguridad, donde finalmente murió el día 5 de mayo. En otro caso, se denunció una detención arbitraria por efectivos de la comisaría N°5 de la Ciudad de Santiago del Estero. La persona relató que el 23 de marzo fue golpeado, ahorcado y que permaneció 23 horas en la dependencia policial.

En Catamarca, el CNPT tomó conocimiento de un caso donde una mujer fue detenida por no usar barbijo en San Fernando del Valle. Según indica, durante su estadía en la comisaría la obligaron a desnudarse y fue humillada verbalmente.

En Corrientes, el 28 de marzo un joven fue detenido por un presunto hurto por efectivos de la policía provincial, hiriéndolo gravemente. En esta oportunidad, intervinieron organizaciones sociales y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, quienes lo acompañaron y radicaron la denuncia ante la fiscalía correspondiente.

Los casos aquí descriptos se suman a otros casos que, si bien no necesariamente podrían vincularse al contexto del ASPO, se trata de hechos gravísimos de violencia policial ocurridos en este tiempo En la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Temperley, dos personas murieron a causa de tres disparos efectuados por policías provinciales, cuando fueron confundidos con sospechosos de un robo. Asimismo, en Berazategui, el 31 de mayo Alan Maidana murió a causa de un disparo efectuado por un policía de civil de la PFA, quien indicó que intentó defenderse de un robo. El 10 de mayo se informó que, en La Matanza, el joven Cesar Alejandro Obes, de 17 años fue asesinado de tres disparos efectuados por un efectivo policial de civil (que alegó un intento de robo). Según la información testigos afirmaron que el último disparo habría sido con el joven ya en el piso.

Estos hechos son sólo algunos de aquellos que han llegado al conocimiento del CNPT. El organismo recibió de manera directa denuncias sobre hechos de similares características en varias provincias.

En Jujuy, se registraron 7 casos de violencia ejercida por las fuerzas de seguridad, en el marco de las detenciones por violación del ASPO. En Santiago del Estero se registraron 9 casos de violencia policial desde el inicio del aislamiento. En 8 de ellas estuvo involucrada la policía provincial y en una la GNA. En este último caso, se trató de un adolescente de 14 años. En ambas provincias, la constante es la forma violenta en que se realizan y la permanencia prolongada (24-48 hs.) en las dependencias policiales.

En Tucumán, se registraron 4 casos de violencia policial en el marco de las detenciones por violación al ASPO. Las personas aprehendidas eran llevadas a un complejo deportivo en cual podían llegar a permanecer hasta 24 hs. de pie y sin comida.

En Buenos Aires, se registraron 15 casos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad, 4 de ellas a cargo de la PNA. Incluso, se registraron casos donde las víctimas tenían permiso para circular.  En uno de estos casos, estuvo involucrada la GNA, quienes para detener a un joven que se encontraba en la vereda de su hogar ingresan a la propiedad, lo golpearon y lo llevaron a una comisaría.

En Santa Fe, recibimos noticias de dos detenciones violentas, donde golpearon a dos personas, las desnudaron y según indican, fueron amenazados con armas para crearles causas.

Además, recibimos reclamos provenientes de las provincias de Chubut, Córdoba y La Pampa donde denuncian que la violencia se intensificó desde el inicio del ASPO.

El Comité ya había alertado sobre denuncias y alegaciones consistentes referidas al accionar violento e ilegal de las policías y fuerzas de seguridad de diversas jurisdicciones en el marco del ASPO, que involucraban: personas heridas por uso indebido de las armas de fuego y de escopetas con postas de goma; golpes de puño y otras formas desproporcionadas de uso de la fuerza; agresiones y tratos degradantes en el marco de detenciones en la vía pública; omisión de registrar a personas que son privadas de su libertad en dependencias policiales; amedrentamientos verbales, hostigamientos, amenazas y malos tratos en el momento de la detención o en las comisarías a supuestos infractores del aislamiento obligatorio; violaciones de domicilio; detenciones de personas justificadas a romper el aislamiento en procura de bienes esenciales para su subsistencia o por su situación de salud. El CNPT alertó también que la mayoría de los casos se trata de personas que habitan en barrios y localidades de mayores necesidades socioeconómicas.

Desde el retorno de la democracia, la Argentina ha sido objeto de condena internacional en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos por diversos casos que involucran la comisión de hechos de violencia institucional y la imposición de torturas y tratos inhumanos y degradantes. Los casos “Garrido y Baigorria” (1998), “Bulacio” (2003), “Bayarri” (2008), “Bueno Alves” (2007) y “Torres Millacura” (2011), resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos demuestran que se trata de un problema estructural cuyas causas subyacentes continúan vigentes. En un contexto de emergencia sanitaria que impone estrictas reglas de conducta, y cuya observancia reposa en los agentes de las fuerzas de seguridad, la persistencia de estos hechos revela un desafío mayor para todas las autoridades. En este sentido, el Comité considera que es necesarios extremar esfuerzos para generar mecanismos de cumplimiento del ASPO que no reposen exclusivamente en las fuerzas de seguridad y estén basados en la concientización y la colaboración activa de los/as ciudadanos/as. La generación de instancias de control ciudadano de las fuerzas, y la elaboración de planes de seguridad territoriales y localizados, con participación vecinal, pueden ser modelos a tomar en cuenta.

Por ello, el Comité hace un enérgico llamado a las autoridades políticas, en especial a los y las funcionarias a cargo de los ministerios de seguridad y justicia de las respectivas jurisdicciones, a incrementar acciones, controles y mecanismos institucionales para la prevención de hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas a su cargo. En particular, las instrucciones a los agentes que participen de operativos territoriales deben inexcusablemente basarse en el carácter disuasivo de la presencia policial y enfatizar que el uso de la fuerza por parte de los funcionarios estatales debe ser excepcional, como medida de última instancia, y con estricto apego al principio de proporcionalidad en su ejecución, siguiendo al “Código de Conducta para los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley”, así como las leyes y reglamentaciones nacionales concordantes. A su vez, como ya remarcó el CNPT, las autoridades deben estar alertas para garantizar que las facultades otorgadas a las fuerzas públicas no redunden en mayores restricciones a los derechos, como así tampoco en sanciones innecesarias o agraven la ya crítica situación en los centros de detención.

A su vez, se deben difundir en forma amplia los canales institucionales a activar ante potenciales abusos (direcciones web, números telefónicos), como así también las formas de activarlos, incluyendo a las Secretarías de Derechos Humanos locales, los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, Fiscalías especializadas, las Defensorías y otros organismos de protección de derechos.

Una vez verificados hechos de violencia institucional, se debe proceder a la separación (al menos preventiva) de las tareas en territorio de aquellos agentes que hayan participado, hasta tanto se deslinden las responsabilidades administrativas y judiciales. Las investigaciones judiciales, en caso de involucrar la imposición de torturas o tratos inhumanos o degradantes, deben tomar como guía el “Protocolo de Estambul”, y en caso de muerte en custodia, el “Protocolo de Minnesota”, ambos instrumentos elaborados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Finalmente, y como una política de prevención de tales hechos, el Comité hace un llamado a las autoridades locales que no cuenten aún con un mecanismo local de prevención de la tortura a proceder rápidamente a su conformación y puesta en funcionamiento. Asimismo, en los lugares donde se hay conformado dicho Comité, el CNPT hace un llamado a estrechar la articulación interinstitucional, generando espacios entre los mecanismos y las autoridades de seguridad y justicia respectivas, con la finalidad de prevenir hechos como los descriptos.