El Comité para la Prevención de la Tortura y el órgano de revisión de salud mental mantuvieron reunión de trabajo

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) y el Órgano Nacional de Revisión de Salud Mental, actuando en conjunto en virtud del acuerdo de cooperación suscripto, mantuvieron el día de hoy una reunión con diversos representantes de organismos estatales y de la sociedad civil con miras a focalizar en una mayor protección de las personas internadas por razones de salud mental, en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19.

De la reunión participaron, además de Gustavo Palmieri (Comisionado CNPT) y María Graciela Iglesias (Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión), la Defensora Oficial María Florencia Hegglin, Luciano Hazan, María Laura Folgar, Mariano Laufer Cabrera, Mariano Fernández Valle, funcionarios de la Defensoría General de la Nación; Leonardo Gorbacz por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Liliana Martínez por la Procuración Penitenciaria de la Nación; Rodrigo Pomares y Natalia Rochetti por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); Macarena Sabín Paz por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); junto con el equipo de trabajo de ambos organismos de control.

Entre otros temas relevantes, se destacó el valor de promover espacios de intercambio y articulación de acciones ante el complejo escenario actual en las instituciones de salud mental. Se compartió la preocupación por la ausencia de información en algunas jurisdicciones, junto con las dificultades para la defensa de derechos y los desafíos para adaptar los centros de salud mental las acciones que requiere la prevención del contagio, tanto en pacientes como en personal de salud. En esa línea, se remarcó la necesidad de instar acciones concretas para garantizar la disponibilidad de información y materiales de bioseguridad para la prevención del contagio dentro de las instituciones, la comunicación con las personas internadas que permita un monitoreo activo por parte de la defensa y los organismos de control (en el contexto de las restricciones actuales), el ejercicio de un control judicial efectivo, y el especial interés en la situación de las personas internadas en comunidades terapéuticas y aquellas detenidas en dispositivos penitenciarios de salud mental.

Ambos organismos continuaran monitoreando activamente la situación, recabando información y promoviendo medidas, como así también convocando a actores institucionales y a la sociedad civil para garantizar la mejor protección de los derechos de usuarios y usuarias de los servicios de salud mental en las instituciones de salud, centros de tratamiento de adicciones o dispositivos carcelarios.