El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura celebra la derogación de la Ley 8.191 en la provincia de Salta
El legislativo salteño resolvió mediante la Ley 8.206 que las autoridades judiciales sean las encargadas de tramitar el proceso contravencional en aquellos casos en los que se incumpla el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y que el régimen que otorgaba facultades excepcionales a las fuerzas de seguridad en este contexto no se aplique.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) celebra la decisión de la Cámara de Senadores de Salta que mediante la Ley 8.206, publicada el 11 de septiembre en el Boletín Oficial de esa provincia, derogó la Ley 8.191 (DNU 255/2020). La norma facultaba al jefe de Policía salteño a imponer penas de arresto por un máximo de sesenta días y multas por igual término para personas encontradas en flagrante transgresión de las disposiciones dictadas en el marco de la emergencia sanitaria, sin intervención judicial ni garantías de acceso a una defensa técnica, apelable sin efecto suspensivo.
A comienzos de julio, el CNPT recomendó la derogación de la Ley 8.191 mediante la resolución 17/2020. El Comité fundó esa sugerencia tomando en cuenta el carácter del régimen sancionatorio propuesto por la norma, que no se adecuaba a los estándares para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y ponía en crisis tanto la necesidad excepcional de privar la libertad de una persona como la proporcionalidad de la medida y la legitimidad de la actuación de las fuerzas estatales en esa materia.
De acuerdo a los artículos 14 y 15 de la Ley 8.206, ya no será aplicable el régimen que otorgaba facultades excepcionales a las fuerzas de seguridad, sino que la competencia respecto a los incumplimientos de las medidas de prevención sanitarias recaerá sobre las autoridades judiciales encargadas de la tramitación del proceso contravencional (art. 141 Ley 7.135 y modificaciones).
El CNPT saluda la determinación adoptada por el Legislativo salteño y considera que es un paso importante para respetar el debido proceso y las garantías legales de las y los salteños en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) adoptado por el Gobierno Nacional. Por último, el Comité remarca la importancia de poner en funcionamiento al Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de Salta, creado por la Ley 8.024, sancionada en 2017.
Foto: El Tribuno (Salta)