Estado de situación de las personas privadas de libertad (PPL) durante el período de emergencia sanitaria por el COVID-19 al 24/09/2020

Presentación
La situación de emergencia sanitaria originada por la pandemia COVID-19 representa una amenaza concreta y extrema para las personas privadas de su libertad, en un contexto signado por las precarias condiciones de salubridad e higiene, la sobrepoblación y el hacinamiento1. Al respecto, la OMS advierte que “la experiencia muestra que las cárceles, comisarías y entornos similares donde las personas se reúnen cerca pueden actuar como fuente de infección, amplificación y propagación de enfermedades infecciosas dentro y más allá de ellas”.2
Con el objetivo de anticiparse a los posibles efectos irreversibles sobre la población privada de la libertad y la sociedad en general, y en el marco de sus atribuciones en tanto órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (en adelante, CNPT) viene realizando un activo monitoreo de las situaciones y medidas dispuestas por los diferentes organismos con jurisdicción sobre los diversos lugares de detención, y emitió una serie de recomendaciones de conformidad con su mandato. En particular, el Comité recomendó el cumplimiento de los protocolos sanitarios y la atención adecuada a las situaciones de contagio o casos sospechosos que se presentan en los lugares de detención, incluyendo a aquellos establecimientos para adultos mayores, la adopción de medidas de compensación para el mantenimiento de contactos, medidas para la reducción de la población en cárceles y comisarías, y sobre las facultades y actuación de las policías y fuerzas de seguridad enmarcadas en el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).
Estas acciones involucran, conjuntamente, el registro sistemático de todos los incidentes asociados a esta situación de pandemia y de medidas vinculadas al ASPO de los que toma conocimiento el CNPT, efectuado en el marco de sus atribuciones estipuladas por Ley 26.827. De allí que su elaboración responda a la necesidad de identificar los núcleos más refractarios al cumplimiento de dichas recomendaciones, como así también a anticipar posibles situaciones acuciantes que ameriten la intervención de este Comité.
Sin pretensiones de exhaustividad, la información de este noveno reporte sobre el estado de situación de las personas privadas de su libertad durante el período de emergencia sanitaria como producto del COVID-19, parte de dicho registro efectuado en el marco del monitoreo de esta situación excepcional y guarda estrecha relación con la supervisión de las recomendaciones mencionadas precedentemente. En este sentido, el presente reporte procura aportar a la sensibilización respecto de la problemática a los fines de contribuir a la implementación de medidas tendientes a garantizar la salud y la integridad de las personas privadas de la libertad y, por consiguiente, la de la población en general.

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