El CNPT a un mes de la muerte de Micaela, Jaqueline, Macarena y Maria Jose, las cuatro mujeres privadas de su libertad en Concepción

A un mes de la muerte de cuatro mujeres detenidas en la Brigada femenina de policía de Concepción, Tucumán, el Comité Nacional Para la prevención de la Tortura insta a los y las representes del Estado provincial a brindar acompañamiento integral a los familiares, prevenir represalias sobre estas, disponer las medidas diligentes para la investigación de los hechos; llevar a cabo las medidas necesarias para evitar que se repitan hechos de esta naturaleza y cesar el hacinamiento y alojamiento prolongado de personas en destacamentos policiales, adecuando las condiciones del sistema penitenciario a las normas constitucionales.

El día 2 de septiembre de 2021, luego de un incendio en la comisaría de la brigada femenina de la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, cuatro mujeres privadas de su libertad perdieron la vida. Ellas fueron Micaela Rocío Mendoza (23 años), Jaqueline Janet Saquilán (23 años), Mailén Macarena Salinas (22 años), y María José Saravia (25 años). Las víctimas Mendoza, Saravia y Salinas se encontraban condenadas por diferentes delitos. No obstante, permanecían privadas de su libertad en un establecimiento de alojamiento provisorio por varios meses. Saquilan estaba procesada y se encontraba alojada desde el mes de febrero habiéndose prorrogado su prisión preventiva.

Si bien los hechos aún no han sido esclarecidos, según la información a la que pudo acceder el CNPT, en la tarde del 2 de septiembre, luego de un reclamo por traslado hacia un establecimiento penitenciario, se habría iniciado un foco ígneo dentro de la celda colectiva que alojaba a las mujeres. Este foco se habría propagado dentro de la celda, quemando, entre otros elementos, colchones no ignífugos, provocando, posteriormente, el fallecimiento de las ocupantes ante la inhalación e intoxicación con monóxido de carbono. El incendio habría sido alertado al personal policial por otra mujer que se encontraba detenida en una celda individual, quien al apreciar el avance del fuego solicitó salir de su celda. Según se habría corroborado, la carga de los matafuegos estaba vencida, y otros elementos de seguridad no se encontraban en los lugares adecuados para sofocar un incendio.

Asimismo, ese mismo día, previamente al incendio, una magistrada había solicitado el traslado de las personas condenadas y procesadas con extensión de la prisión preventiva de los centros judiciales de Monteros y Concepción a unidades penitenciarias.

Una vez que se tomó conocimiento de los hechos, miembros del CNPT se reunieron con familiares de las víctimas con el objetivo de poder colaborar en que tuvieran una asistencia integral, y propiciar también un espacio de escucha. Durante estos encuentros, los cuales incluyeron el acompañamiento a sede judicial, los familiares describieron hechos de malos tratos hacia las mujeres fallecidas, propinados por agentes dependientes de la brigada de Concepción. Estos hechos deben ser tomados en cuenta en la investigación a los fines de deslindar las correspondientes responsabilidades.

En paralelo, el CNPT se contactó con la Unidad Fiscal de graves delitos contra la integridad física del Centro Judicial de Concepción, que lleva adelante la investigación de los hechos, a fin de obtener información sobre su avance, y ponerse a disposición para prestar colaboración y asistencia. Se solicitó, asimismo, contemplar las pautas previstas en el “Protocolo de Minnesota” relativa a la investigación de muertes en custodia. La Unidad Fiscal informó que inmediatamente después de producidos los hechos intervino el Equipo Científico de Investigaciones del Ministerio Público Fiscal (ECIF) con el objeto de realizar las pericias pertinentes.

Actualmente la investigación se encuentra a la espera de resultado de pericias, y de la realización de nuevas medidas de investigación con el objeto de poder definir, junto al resto del material probatorio, responsabilidades y en el caso que correspondieran, imputaciones.

Paralelamente, el CNPT remitió notas al Juzgado Federal a cuya disposición se encuentra detenida la persona privada de la libertad que sobrevivió al incendio, al efecto de corroborar su estado de salud y solicitar su traslado a un establecimiento no dependiente de la Policía Provincial. Idéntica solicitud se cursó a la Fiscalía Federal interviniente, medida para lo cual se requirió la cooperación de la Procuraduría contra la Violencia Institucional (PROCUVIN). Asimismo, se remitió un pedido de informes al Ministro de Seguridad Provincial al efecto de acceder a las actuaciones y sumarios administrativos iniciados.

En el año 2019 el CNPT visitó por última vez la provincia de Tucumán. Luego de las acciones de monitoreo desplegadas en la provincia, se entregó a los representantes del Estado provincial un informe sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad tanto en establecimientos penitenciarios como en dependencias de la policía. Allí se constató que la mayoría de los detenidos alojados en establecimientos policiales permanecen por meses y cerca del 40% supera el año de detención en estos establecimientos. También se constató la presencia de personas condenadas y a la espera de ser trasladadas hacia un establecimiento penitenciario. En esa oportunidad el Comité recomendó al Estado provincial poner fin a la utilización de dependencias policiales como lugares de alojamiento prolongado y garantizar el cumplimiento de dicha prohibición.

También se recomendó, en consonancia a las apreciaciones realizadas por el Subcomité de Prevención de la Tortura (SPT) y el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU, adecuar las condiciones de privación de libertad, tanto en los establecimientos penitenciarios como en los puestos policiales, a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky” (2005) ya había destacado que las comisarías, destacamentos y delegaciones policiales son espacios de detención provisorios y temporales, y no pueden albergar personas por largos períodos de tiempo.

Este estado de situación incompatible con las obligaciones que el Estado argentino ha asumido, debe ser revertido, en forma urgente, por todos los poderes y las autoridades de cada jurisdicción, mediante acciones concretas encaminadas a modificar la tendencia creciente que eleva a techos históricos la prisionización en nuestro país. La superpoblación y la prolongación de detenciones en espacios inadecuados, con las consecuencias fatales, como sucedió en la Brigada de Concepción, son la cara más visible de este pernicioso accionar.

A su vez, en la Resolución N° 16/21 sobre Estándares Mínimos sobre capacidad de alojamiento y condiciones de detención, el CNPT señaló la necesidad de incorporar sistemas para prevenir el riesgo de incendios en los establecimientos de detención prolongada. La falta de garantías para prevenir siniestros es un grave incumplimiento de la obligación de la custodia.

Estos hechos ocurren a seis años del incendio en la Brigada de Investigaciones Norte de la localidad de Yerba Buena, en la provincia de Tucumán donde perdieron la vida Ariano Biza y Emanuel Gallardo, ambos de 22 años de edad. Esta causa continúa abierta, y cuenta con un requerimiento de elevación a juicio, pendiente aún de deslindar responsabilidades en la audiencia de debate oral.

Ese incendio motivó una acción de Habeas Corpus colectivo presentada por los Fiscales Dr. López Ávila y Dra. Giannoni, donde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió, en el año 2015, la prohibición de alojamiento en ciertos establecimientos policiales, la reducción del cupo en otros y el traslado de gran parte de la población policial a establecimientos penitenciarios, con el objeto de evitar el alojamiento prolongado en dependencias provisorias. El CNPT reitera su plena disposición a cooperar con las autoridades para la plena implementación de esta decisión.

Por ello, el CNPT hace un llamado a las autoridades de la provincia a extremar las acciones para brindar una reparación integral a los familiares de las víctimas de las muertes de Micaela, Jaqueline, Macarena y María José, a realizar una investigación diligente y eficaz para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades; y adoptar la medidas estructurales necesarias para evitar responsablemente la reiteración de hechos de esta naturaleza.

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