Muertes bajo custodia: el CNPT presentó el primer informe nacional y abrió un proceso de consulta para elaborar recomendaciones
Los días 7 y 8 de octubre, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó el Primer Informe de Integración del Registro Nacional de Muertes Bajo Custodia 2022-2024 y llevó adelante dos jornadas de trabajo para iniciar un proceso de consulta destinado a la elaboración de una Recomendación general sobre la temática.
La primera jornada se realizó de manera presencial en la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, mientras que la segunda tuvo lugar de forma virtual, con el objetivo de ampliar la participación de actores de distintas jurisdicciones del país.
El informe aborda los fallecimientos producidos bajo custodia penitenciaria y policial, así como aquellos ocurridos en el marco de detenciones, allanamientos, persecuciones y otras intervenciones de las fuerzas de seguridad. Hasta su elaboración, Argentina no contaba con información consolidada a nivel nacional que permitiera dimensionar y caracterizar esta problemática.
Para construir el registro se relevaron y cruzaron datos provenientes de organismos ejecutivos y judiciales, mecanismos locales de prevención de la tortura, registros administrativos, expedientes judiciales y certificados de defunción, junto con información aportada por familiares, personas detenidas y monitoreos de medios. Este trabajo permitió reducir el subregistro y mejorar la calidad de la información disponible.
Ambas jornadas comenzaron con palabras de apertura del presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, quien destacó la importancia de contar con información precisa para desarrollar políticas de prevención eficaces. Señaló que la elaboración del registro fue posible gracias al trabajo articulado de más de 93 organismos de distintas jurisdicciones del país. Asimismo, remarcó la importancia de acercar este diagnóstico nacional a los tres poderes del Estado de las distintas jurisdicciones para promover políticas públicas orientadas a prevenir las muertes bajo custodia.
La presentación del informe estuvo a cargo de la comisionada Natalia Gabellini, del comisionado Gustavo Palmieri y del investigador de la Universidad Nacional del Litoral, Máximo Sozzo. Gabellini explicó el proceso de sistematización de la información y expuso los principales hallazgos del período 2022-2024, durante el cual se registraron al menos 1.716 fallecimientos.
Por su parte, Palmieri profundizó en las muertes ocurridas en dependencias policiales y durante intervenciones de las fuerzas de seguridad. Señaló que la tasa de mortalidad registrada en establecimientos policiales duplica la correspondiente al ámbito penitenciario. Además, advirtió sobre las dificultades para acceder a la información y las deficiencias en las investigaciones judiciales.
A continuación, el investigador Máximo Sozzo, de la Universidad Nacional del Litoral, valoró la construcción de un diagnóstico nacional sobre una problemática históricamente atravesada por la falta de información y destacó el trabajo de integración de distintas fuentes, así como la posibilidad de identificar diferencias significativas y particularidades entre jurisdicciones.
Luego se desarrollaron mesas de trabajo orientadas a recoger aportes para la elaboración de una Recomendación general sobre muertes bajo custodia y en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad. Los intercambios se organizaron en torno a cuatro ejes: derecho a la salud en contextos de encierro; muertes por causas externas y políticas para la prevención del suicidio y de las muertes por agresiones; muertes en el marco de intervenciones de las fuerzas de seguridad; aplicación del Protocolo de Minnesota y producción de información y registros.
En este contexto, la comisionada Josefina Ignacio se refirió a la prevención de las muertes por causas externas, especialmente aquellas provocadas por agresiones y suicidios. Señaló la incidencia de factores institucionales como el hacinamiento, el aislamiento, las dificultades de acceso a la atención de salud mental y las deficiencias en la prevención y gestión de conflictos.
Por su parte, el comisionado Rodrigo Solá presentó los principales lineamientos del proyecto de Recomendación general, elaborado a partir de los hallazgos del informe. Explicó que el documento busca establecer criterios de actuación para prevenir las muertes bajo custodia y aquellas vinculadas con intervenciones de las fuerzas de seguridad, mediante propuestas relacionadas con el acceso a la salud, la prevención de suicidios y agresiones, la regulación del uso de la fuerza, la investigación de fallecimientos potencialmente ilícitos y el fortalecimiento de los registros jurisdiccionales.
Bernarda García, directora de Producción y Sistematización de Información del CNPT, profundizó en la metodología utilizada para la elaboración del Registro. Explicó que se realizó un trabajo de contraste de las distintas fuentes para cada uno de los 1.716 fallecimientos registrados y destacó que el procedimiento permitió identificar inconsistencias en las versiones sobre lo ocurrido, evitar la duplicación de casos y priorizar fuentes independientes cuando existían diferencias en la información, de acuerdo con los criterios de independencia e imparcialidad establecidos en el Protocolo de Minnesota.
Durante ambas jornadas, entre los principales temas abordados en las distintas intervenciones, se destacaron la necesidad de garantizar el acceso oportuno a la atención de la salud, particularmente en materia de salud mental y enfermedades crónicas; fortalecer los mecanismos de prevención del suicidio y de las situaciones de violencia; mejorar las condiciones de alojamiento en dependencias policiales y penitenciarias; y asegurar investigaciones judiciales exhaustivas e independientes de todas las muertes bajo custodia. También se planteó la importancia de incorporar enfoques específicos para personas mayores, jóvenes y personas con discapacidad, contemplar las particularidades de cada jurisdicción y fortalecer la participación de familiares en los procesos de investigación.
Asimismo, se realizaron propuestas orientadas a unificar criterios de registro y clasificación de los fallecimientos, promover la creación y el fortalecimiento de registros jurisdiccionales, brindar asistencia técnica a los mecanismos locales y desarrollar instancias de capacitación para operadores judiciales, equipos forenses y agentes de las fuerzas de seguridad. Se destacó especialmente la necesidad de garantizar la aplicación efectiva del Protocolo de Minnesota, mejorar el acceso a información sobre muertes ocurridas en dependencias policiales y establecer protocolos de intervención ante crisis de salud mental. También se propuso fortalecer la articulación entre organismos de control, servicios penitenciarios, ministerios públicos y poderes judiciales, así como desarrollar herramientas que faciliten la implementación de las recomendaciones en las distintas jurisdicciones.
En respuesta a los aportes recibidos, desde el CNPT se destacó la importancia de acompañar a los mecanismos locales en el desarrollo de sus propios registros, teniendo en cuenta las diferentes capacidades institucionales y los recursos disponibles en cada jurisdicción. Asimismo, se reafirmó el compromiso de promover criterios comunes de producción de información y fortalecer las acciones de cooperación para que las recomendaciones puedan traducirse en medidas concretas de prevención.
Entre ambas jornadas participaron representantes de mecanismos locales de prevención de la tortura de distintas jurisdicciones del país, entre ellas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de la Comisión Provincial por la Memoria y la Procuración Penitenciaria de la Nación. También asistieron autoridades e integrantes de poderes judiciales provinciales, superiores tribunales de justicia, ministerios públicos fiscales y de la defensa, defensorías públicas, servicios penitenciarios y organismos de control y áreas especializadas en derechos humanos y acceso a la justicia. La convocatoria reunió además a representantes de universidades y centros de investigación, organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, redes especializadas en contextos de encierro, instituciones dedicadas a la investigación de la violencia institucional, profesionales y especialistas en la temática, así como integrantes del ámbito académico y del periodismo especializado en derechos humanos. Entre las organizaciones se encontraban la Red de Derechos Humanos en Contextos de Encierro de Córdoba, la Red Corrientes Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Huésped, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), entre otras.
Al cierre del encuentro presencial, Irrazábal destacó que la construcción de diagnósticos compartidos y el intercambio de conocimientos resultan fundamentales para transformar las realidades que se busca modificar.
Cabe destacar que la elaboración del Informe y del proyecto de Recomendación general fue el resultado de un trabajo articulado entre la dirección de Producción y Sistematización de Información a cargo de Bernarda García, la Dirección de Políticas para la Prevención a cargo de María Maximo y la Dirección de Litigios Estratégicos y Cooperación con el SUDH a cargo de Gonzalo Evangelista.
Además de los ya mencionados, estuvieron presentes en ambas jornadas por el Comité Nacional, su secretario ejecutivo Alan Iud, quien además moderó la jornada virtual, y las y los directores de todas las áreas.
La modalidad presencial y virtual permitió reunir aportes provenientes de diferentes ámbitos y regiones del país para enriquecer el proceso de elaboración de la recomendación. La iniciativa busca avanzar en la construcción de pautas y criterios de actuación comunes que permitan abordar los factores y circunstancias que intervienen en las muertes bajo custodia, fortalecer su prevención y garantizar el acceso a la justicia.