El CNPT monitoreó el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta social realizada ayer en Plaza Congreso
El CNPT monitoreó el accionar de las fuerzas de seguridad durante la protesta social realizada ayer en Plaza Congreso. Se relevó un operativo que fue brutalmente represivo con cientos de detenciones arbitrarias.
Señalamos especialmente el uso abusivo de gases lacrimógenos y balas de goma disparados de forma antirreglamentaria directamente al cuerpo y rostro de los manifestantes a muy poca distancia provocando lesiones, algunas de ellas de extrema gravedad.
El CNPT siguió la situación de las personas detenidas coordinando con los actores del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura a través de los canales establecidos con los mecanismos locales de prevención y Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, el Comité valora muy positivamente los criterios fijados por la jueza Karina Andrade, a cargo del juzgado N° 15 del fuero Penal, Contravencional y de Faltas de CABA en relación a que en “las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”. También destaca de la resolución judicial la fundamentación que sustenta su decisión evidenciando el carácter arbitrario de las detenciones al señalar que “a medida que se informaban las detenciones de las personas, la información vinculada a ello se volvía más imprecisa y dificultosa” y que “tampoco se lograba informar con relación a qué tipo de delito específico se estaba convalidando la detención. Tampoco se indicaba el lugar dónde serían alojados”.
El CNPT hará el correspondiente seguimiento e impulso para procurar que se lleven a cabo las investigaciones administrativas y judiciales correspondientes para determinar las responsabilidades de las fuerzas de seguridad a cargo del operativo.
El Comité recuerda que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar la protesta social y que la actuación de las fuerzas de seguridad debe ajustarse a la normativa nacional e internacional vigente.