Asamblea Anual del CNPT “Fortalecimiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura”
Durante las tres jornadas de su Asamblea Anual 2020, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) desarrolló un trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil, Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura, autoridades nacionales y provinciales de Argentina, en un marco donde primó el intercambio de experiencias y enfoques con un objetivo común en el horizonte: visibilizar las buenas prácticas de protección de derechos de las personas privadas de la libertad y llevar a cabo un diagnóstico de las problemáticas a abordar en cada región del país para diseñar acciones que fortalezcan al Sistema Nacional de Prevención de la Tortura .
Este viernes, en el tercer día de la asamblea los comisionados Alejandro Armoa, Ricardo Nioi, Gustavo Palmieri, Rocío Alconada Alfonsín, Josefina Ignacio y Diego Lavado expusieron las conclusiones a las que se arribó en las mesas regionales. El cierre institucional estuvo a cargo del presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, la comisionada Diana Conti, y el Procurador Penitenciario de la Nación, Francisco Mugnolo.
El análisis permitió realizar un mapeo a nivel nacional de los aspectos a trabajar y fortalecer en el 2021 por los actores involucrados en el Sistema de Prevención de la Tortura: necesidad de impulsar la creación de los Mecanismos Locales de Prevención en las jurisdicciones donde no están implementados y fortalecer los existentes; atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento del Sistema Penitenciario impulsando la Ley de Cupo y la necesidad de que se otorguen medidas alternativas a la prisión; promover mayores articulaciones con organizaciones de la sociedad civil, cooperativas de liberados y otros organismos de control; incorporar como uno de los ejes de trabajo del CNPT la problemática vinculada con los traslados gravosos de personas por parte de los servicios penitenciarios, que actualmente representan una forma de castigo y maltrato para las personas privadas de la libertad; crear un Servicio Penitenciario en aquellas provincias que no lo tengan; impulsar el cumplimiento de las obligaciones internacionales, incluyendo medidas como la implementación de la videovigilancia como forma de resguardo de las personas privadas de la libertad (prevista en el caso Kaplun vs. Argentina de la CIDH); impulsar las buenas prácticas y una mayor participación de las personas privadas de la libertad en las mesas de diálogo de resolución de conflictos; promover la capacitación a las fuerzas de seguridad en materia de derechos humanos; incrementar monitoreos y políticas de prevención de la tortura en centros no penitenciarios (centros de niños, niñas y adolescentes; adultos mayores, salud mental); introducir la perspectiva de género en los servicios penitenciarios (mujeres; colectivos LGBTIQ+; niños, niñas y adolescentes) y proponer programas de revinculación entre las mujeres privadas de su libertad con sus hijos.
Con respecto a las restricciones que sufrieron las personas privadas de la libertad a causa de la pandemia COVID-19, se puso de manifiesto la necesidad de reforzar el acceso a la salud y restablecer el acceso al trabajo y a la educación, no sólo para cumplir con la progresividad de la pena sino también para la futura reinserción social; restablecer y ampliar el régimen de visitas, respetando los protocolos, pero ampliando la frecuencia a un nivel similar a la época prepandémica.
A comienzos de semana, autoridades nacionales y del CNPT compartieron sus observaciones sobre el estado actual del Sistema Nacional de Prevención en dos paneles que funcionaron como apertura de la Asamblea Anual, como antesala para las siete mesas regionales que reunieron las opiniones y análisis de diferentes instituciones y actores de la sociedad civil de todo el país, haciendo de esta asamblea una actividad federal, con una multiplicidad de voces.
Durante la charla inaugural, el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, se refirió a los desafíos que planteó el contexto de la pandemia de COVID-19 y aseguró que, lejos de paralizarse, el Comité superó los obstáculos interactuando con las distintas organizaciones e instituciones. “Hemos trabajado a lo largo del año, en el terreno, con los poderes ejecutivos y judiciales de las provincias, con las ONG. Venimos dejando los cimientos del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura”, manifestó Irrazábal en la apertura de la Asamblea Anual 2020.
La comisionada del CNPT, María Laura Leguizamón, destacó que la creación de lazos estratégicos con los organismos internacionales impulsa el crecimiento del Comité y el mejoramiento de las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad. “Hemos fortalecido los vínculos internacionales. Avanzamos en la articulación con los organismos de prevención de la tortura de Italia, España, México y Uruguay”, detalló.
A su turno, la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Marcela Losardo, se refirió a la labor desarrollada por la cartera que dirige en un contexto de emergencia carcelaria y señaló que se aplicaron sistemas de detección temprana, aislamiento y atención sanitaria. “Todo esto, con un solo objeto: proteger a las personas privadas de la libertad alojadas en nuestros establecimientos, tratando de restringir lo menos posible sus derechos”, señaló la ministra. Se diseñaron protocolos de egreso e ingreso para evitar los contagios intramuros, protocolos destinados al personal del Servicio Penitenciario y se realizaron campañas de concientización, con apoyo del Ministerio de Salud, para concientizar a las personas privadas de la libertad sobre el tratamiento del COVID-19. Y se creó un Comité de Crisis, conformado por las máximas autoridades institucionales, con el fin de coordinar acciones de prevención, detección, asistencia, evitar el ingreso y la propagación del virus.
Andrea Casamento, directora ejecutiva de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD), aseguró que, con la llegada de la pandemia, comenzaron a analizar cómo descomprimir la población en las cárceles. “Las libertades estuvieron muy restringidas por la fuerte presión social”, afirmó. Una encuesta sobre la situación sanitaria previa al COVIDー19 en la provincia de Buenos Aires, realizada por la asociación que dirige, arrojó que nueve de cada diez personas privadas de la libertad no habían recibido asistencia médica y que los lugares no eran aptos para la atención; siete de cada diez expresaron que el médico carcelario los había atendido con discriminación. “La salud en las cárceles debe ser un tema de agenda pública. No puede ser que se sigan muriendo personas que están bajo custodia del Estado”, sentenció Casamento.
A continuación, Gustavo Hornos, presidente del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, reconoció que la pandemia ayudó a visibilizar la situación de los lugares de encierro. “La falta de elementos de limpieza; el poco acceso al agua potable, a espacios con luz, a las comunicaciones “, enumeró. El vicepresidente primero de la Cámara Federal de Casación Penal Hornos afirmó que es imperioso que las condiciones de encarcelamientos sean dignas y que, para ello, los tres poderes tienen que trabajar articuladamente. Por último, valoró el monitoreo desarrollado por las instituciones como instrumento de prevención para evitar violaciones a los derechos humanos y como herramienta de acceso directo al sistema judicial.
Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación, felicitó especialmente al CNPT por la reglamentación del Registro de Organizaciones que realicen visitas de monitoreo, contemplado en el artículo 41 de la Ley 26.827. “Es fundamental lograr que la sociedad mire hacia las cárceles. Estoy convencida de que si todos los ciudadanos de buena fe supieran qué pasa en las cárceles, nunca pedirían más cárceles, sino todo lo contrario.”
En la segunda jornada de la asamblea, la comisionada Diana Conti instó a militar el plano cultural. “Tenemos que lograr que la sociedad cambie y entienda que aquel que transgredió la ley también tiene derecho a la salud, a formar una vida familiar, a aspirar, a volver a integrarse a la sociedad conviviendo en paz y libertad.”
Luego, llamó a agudizar la creatividad y la tolerancia en tiempos de pandemia para trabajar en vínculos de cooperación “aún con el funcionario que cree que está en las antípodas de nuestro pensamiento. Debemos deponer diferencias para potenciar la capacidad transformadora –propuso Conti–. Vamos por la vigencia plena de los derechos humanos en los lugares de encierro, vamos a convencer a los responsables que los derechos humanos son la mejor ideología para vivir en paz”, concluyó.
Martin Fresneda, director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, planteó la necesidad de un cambio que termine con la dicotomía derechos humanos versus seguridad, “como si los mecanismos de prevención de la tortura vinieran a llevarse puestas a las instituciones de seguridad”. Para ello, señaló que es imperioso introducir mecanismos pedagógicos que muestren el resultado en calidad democrática e institucional que implica tener un mecanismo de prevención de la tortura en funcionamiento: “Hay que visibilizarlo como una herramienta para introducir justicia social. Es fundamental constituir una masa crítica de apoyo y alianza para que los gobiernos provinciales puedan asumir esa responsabilidad” agregó, y reconoció la labor que viene llevando a cabo el CNPT en ese sentido. “Celebro y reconozco muchísimo el trabajo y el desafío que viene emprendiendo el Comité en la formación de los mecanismos locales”, concluyó Fresneda.
A su turno, el comisionado Gustavo Palmieri planteó la importancia de fortalecer el cambio cultural y a los actores del sistema creando escenarios de articulación con organizaciones sociales de todo tipo: universidades, cooperativas de liberados, familiares y actores públicos de todos los poderes del Estado. Luego, ponderó las virtudes de la ley como instrumento para cumplir esa meta, por las instancias de articulación que contiene y porque habilita a las organizaciones sociales para hacer monitoreo. Palmieri aprovechó la ocasión para anunciar la flamante reglamentación del Registro de Organizaciones, invitando a hacer uso de esta herramienta para seguir desarrollando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
Durante su intervención, María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que no hay forma de superar la sobrepoblación penitenciaria sin la posibilidad del arresto domiciliario, con o sin control electrónico. “Cuando se habló que se iban a conceder arrestos domiciliarios por la pandemia lo primero que la gente pensó es que los iban a violar en la puerta de la casa”, aseguró la exjueza, e instó a trabajar con los medios y la sociedad para revertir esa percepción. A continuación, la referente del Servicio Penitenciario Federal aseguró: “Estamos desarrollando el anteproyecto de la nueva ley de ejecución penitenciaria: esperamos luz verde para avanzar y llevarla al Congreso para que los diputados y senadores la aprueben y poder tener una nueva ley de ejecución penal, más respetuosa de los postulados constitucionales”. Para finalizar, agradeció el apoyo brindado por el CNPT desde su asunción como Interventora.