Semana Mundial por el Parto Respetado
En la Semana Mundial por el Parto Respetado, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura renueva su compromiso de abordar la violencia gineco-obstétrica padecida por las mujeres y otras personas gestantes privadas de su libertad desde la perspectiva de los derechos humanos.
En sus visitas de inspección a lugares de encierro, el Comité ha relevado sistemáticamente falta de acceso a los recursos y servicios especializados para las personas gestantes. Además, se han detectado prácticas como medidas de sujeción tales como esposas en pies y/o en manos al momento de ser trasladadas y la utilización de esposas durante el parto y el momento inmediatamente posterior. Este tipo de prácticas implican una violación a la Convención contra la Tortura y deben ser erradicadas.
Debe recordarse que, ante la vulneración sistemática de derechos sexuales y reproductivos padecida por las personas gestantes durante el encierro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado a los Estados de la región a aplicar criterios diferenciados con perspectiva de género que se traduzcan en medidas especiales en el diseño y ejecución de la política penal y penitenciaria. Asimismo, las autoridades judiciales deben tomar en consideración estas circunstancias al momento de aplicar y/o evaluar las penas establecidas.
En nuestro país existe además la Ley de Parto Humanizado (Ley N° 25.929 ) para todas las mujeres y personas gestantes, que entre los derechos que protege se encuentran el de ser tratadas con respeto; a tener un parto natural, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación no justificada; a tener información sobre la evolución del parto, y el estado de salud de su hijo o hija; a estar acompañadas por una persona de su confianza siempre que fuera posible; a tener información completa y oportuna sobre las distintas intervenciones médicas que pudieran tener lugar de manera que puedan optar libremente cuando existieran diferentes alternativas. En definitiva, se vela por el respeto por la autonomía y soberanía de la persona que gesta. El Comité Nacional insta a todos los poderes del Estado a que adopten medidas positivas para garantizar este derecho fundamental para todas las personas gestantes privadas de su libertad.