Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura
En este día, el CNPT reafirma la importancia de fortalecer las políticas públicas destinadas a prevenir, detectar y erradicar la tortura.
Para el CNPT, la definición de tortura comprende tanto acciones y omisiones intencionales que provocan sufrimientos físicos o psíquicos graves, así como prácticas orientadas a anular la personalidad o disminuir las capacidades físicas o mentales de una persona. Esta concepción amplia permite reconocer múltiples métodos y formas que puede asumir una de las más graves violaciones a los derechos y la dignidad humana. Su prohibición absoluta es una regla fundamental del derecho internacional de los derechos humanos.
El Comité Nacional monitorea establecimientos penales, centros de salud mental, hogares y dispositivos de alojamiento de niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales y residencias para adultos mayores de forma preventiva, con la convicción de que las visitas periódicas y sin anuncio son un medio eficaz de prevención de estas prácticas.
Además, el organismo desarrolla el Registro Nacional de Tortura (RNT), donde se registran las entrevistas a las personas que alegan haber sido víctima de estas prácticas, junto a otra información de su caso y las intervenciones institucionales realizadas.
Asimismo, a partir de estas inspecciones el organismo elabora informes y realiza recomendaciones para los tres poderes del Estado, tanto a nivel nacional como provincial promoviendo la aplicación de directivas y buenas prácticas, en el marco de cooperación con las autoridades públicas.
El Comité Nacional también promueve la creación de Mecanismos Locales de Prevención, y les brinda asistencia y capacitación a estos mecanismos y a las organizaciones no gubernamentales, para potenciar las herramientas de monitoreo independiente y periódico de los espacios de encierro, articulando el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.
La prohibición absoluta de la tortura constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional de los DD. HH y en una sociedad democrática, es responsabilidad del Estado garantizar el trato digno de las personas bajo su custodia.