El CNPT presentó su Informe Anual ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo
Dificultades con la aplicación de políticas para favorecer la resocialización de personas privadas de la libertad, hacinamiento carcelario y una sobrepoblación que en el último tiempo favorecieron el contagio de COVID-19 intramuros fueron algunos de los temas abordados en el Informe Anual que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) presentó ayer en modalidad virtual y fue acompañado por un abanico amplio de funcionarios, senadores y diputados nacionales, y referentes de los derechos humanos de Argentina.
En el inicio del encuentro, Juan Manuel Irrazábal, presidente del CNPT, hizo un breve repaso, a modo de mensaje institucional, de las acciones que el Comité llevó adelante en el último año: la conformación de la Secretaría Ejecutiva, a cargo de Alan Iud, elegido por concurso entre más de sesenta postulantes; los convenios firmados con la sociedad civil y liberados; las conferencias de reflexión del sistema penal para definir criterios de adaptación a estándares internacionales; la presentación de la guía de Recomendaciones para la Conformación de los Mecanismos Locales con el objetivo de “avanzar para que al fin de nuestro mandato, la mayoría de las provincias tenga conformado su Comité y nos permita llegar a todos los lugares de encierro para prevenir la tortura a aquellas personas que están bajo tutela del estado”; la firma del Convenio Marco de capacitación a las fuerzas de seguridad de la Provincia de San Juan; y la presentación del Registro Nacional de Tortura, “un registro único para todo el país, que va a ser la guía para todos los actores del sistema”, entre otros temas. “Estamos trabajando para logar un Sistema Nacional de Prevención de la Tortura que esté a la altura de los estándares internacionales”, afirmó el presidente del Comité.
COVID-19 en lugares de encierro
En la apertura del primer panel, la comisionada Diana Conti denunció el estado de los establecimientos de encierro. “Las nuevas autoridades nacionales y provinciales recibieron una situación de hacinamiento que es facilitadora y promotora de torturas”, sostuvo. Elogió, además, el accionar de los actores que forman parte del sistema penitenciario. “Sin perjuicio de los motines que fueron públicos, la realidad es que la comunidad del encierro y los ministerios estuvieron a la altura de ir llevando una situación de hacinamiento y deterioro a una situación posible de cuidado”, afirmó la comisionada.
Respecto a la situación de COVID-19 en otros espacios de encierro, Conti señaló que “el temor de que hiciera estragos en las cárceles”, en realidad, “no se dio –aunque hubo muertos–, pero estallaron los geriátricos” por causas que se habían previsto, junto con el Defensor de Tercera Edad y con el PAMI, “porque el trabajador de estos ámbitos tiene multiempleo, viaja en transporte público, en general no está bien pago, y el bicho entraba desde afuera”, afirmó la comisionada. Sobre la creación de los Mecanismos Locales de Prevención, aseguró que si en marzo las jurisdicciones no los han constituido, “el Comité le va a pedir al Consejo Federal de Mecanismos Locales que genere las designaciones que por ley estamos facultados a designar”.
Registro de lugares de detención y de personas detenidas: una deuda del país
El comisionado Gustavo Palmieri se refirió a los hechos vinculados con malos tratos, torturas y violencia institucional registrados entre marzo y julio en el contexto de la pandemia: se detectaron detenciones arbitrarias seguidas de torturas y muertes en comisarías, que se están investigando. En distintas cárceles del país existieron, mencionó el comisionado, situaciones de protesta o hechos conflictivos vinculados al temor al contagio. En estos casos, el Comité siempre hizo hincapié en alentar la conformación de espacios de diálogo –aseguró Palmieri– y promovió la generación de los Comités para la generación de conflictos que funcionan en el Sistema Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires o el Programa Probemos Hablando.
Al mismo tiempo, el CNPT siguió casos vinculados a la represión de estos conflictos mediante el uso de armas de fuego letales, lo que está prohibido por normativa nacional e internacional. Entre marzo y julio, murieron cinco personas en cinco jurisdicciones diferentes del país. “No sólo estamos siguiendo con preocupación las investigaciones penales, sino también las investigaciones de las oficinas administrativas de asuntos internos de los cuerpos, que deben colaborar con la acción judicial”, afirmó. “Así como teníamos la obligación de generar un registro de tortura, también era importante generar un registro de lugares de detención y de personas detenidas, una deuda que tenemos en el país”, consideró. El comisionado destacó la importancia de fijar criterios mínimos de cupo para determinar qué es el hacinamiento en nuestro país.
Colchones arriba de baños, humedad, encierro, patios cerrados, sin luz
El segundo panel fue inaugurado por la comisionada Rocío Alconada Alfonsín. Hizo un relato de la situación en los centros de encierro santafecinos: “Hay algo que atraviesa a todas las cárceles que visitamos y a todas las situaciones de encierro: la deshumanización. Se ve claramente por las condiciones de los lugares, las leyes y el trato”, sentenció. Luego, se refirió al carácter selectivo del poder punitivo en Argentina, que se utiliza a modo de administrador de las desigualdades: “Se pide mano dura al grito de que se respete la ley, pero cuando se trata de respetar la ley de los sectores más vulnerables, no tienen ningún valor”.
“Colchones arriba de baños, humedad, encierro, patio cerrados, sin luz, en ese lugar la gente pasa meses y meses”, describió la comisionada. Sobre el tema de la sobrepoblación y el subregistro en este campo, manifestó que, en Santa Fe. “Nosotros no tenemos verdadera dimensión de la población carcelaria porque se amplía por camas y no por la habitabilidad de los lugares”, dijo. Asimismo, habló de la situación de los menores privados de la libertad en esa provincia. “Son inaceptables, desde todo punto de vista, desde lo edilicio, desde lo humano: había jóvenes que llevaban ocho meses aislados, las condiciones eran tales que habían perdido la capacidad de resocializar. No los educan y les quitan la posibilidad de desarrollarse como seres humanos a la edad que deberían crecer”, relató la comisionada. La defensoría pública de Santa Fe, sostuvo Alconada Alfonsín, maneja 518 denuncias por torturas durante 2018 y las estadísticas contrastan claramente con las oficiales.
“Son casos que no se resuelven en la justicia con una perspectiva de género”
El comisionado Diego Lavado relató su experiencia en las provincias de Córdoba y Tucumán. Respecto a Córdoba, responsabilizó a la ley de narcomenudeo de poblar fundamentalmente con mujeres los lugares de encierro. “Son casos que no se resuelven en la justicia con una perspectiva de género”, analizó. Sobre la experiencia en Tucumán, sostuvo que fue el primer trabajo de campo realizado junto con organizaciones de la sociedad civil como ANDHES, APDH, Hijos Tucumán, quienes acompañaron en las inspecciones al Comité. “Resultó altamente enriquecedor por su aporte de conocimiento respecto de la estructura y la organización de las dependencias penitenciarias. Nos indicaban adonde teníamos que ir, ya íbamos con información de tratos inhumanos a personas privadas de la libertad”, recordó Lavado.
De ambas provincias, destacó la falencia estructural en materia de Defensoría Pública, sobre todo, en penas privativas de la libertad. “Es uno de los órganos más debilitados del sistema de justicia: se dota de muchos recursos al Ministerio Público Fiscal, pero no hubo incremento de recursos en la Defensoría Pública, entonces, en los procesos de ejecución de la pena que están en curso, es una gran ausente”, señaló.
Políticas públicas para reducir la cantidad de personas privadas de la libertad
Lavado se refirió luego al incremento de la población penitenciaria debido a cambios legislativos que repercuten en las condiciones de detención como el aumento de condenados de por vida y por delitos de flagrancia. “Una persona que es encerrada y sabe que va a estar ahí hasta que se muera no tiene ningún incentivo y es generador de violencia interna que termina con vidas. Necesitamos políticas públicas que tiendan a reducir la cantidad de personas privadas de la libertad”, reflexionó.
En el tercer panel, la comisionada María Laura Leguizamón, responsable de compartir las conclusiones y recomendaciones emitidas por el CNPT en su Informe Anual a la Comisión Bicameral, observó en líneas generales un constante crecimiento de las personas privadas de la libertad en la última década; el incremento de utilización de comisarías y dependencias policiales; la expansión del sistema penal; el hacinamiento, la violación de derechos elementales y la falta de programas de reinserción social; vulneración de los derechos de los colectivos LGTB+, Niñas, Niños y Adolescentes, mujeres cis y trans.
Leguizamón aseguró que el CNPT está desarrollando “un rol de absoluta importancia”, que no deja de ser, para todos los argentinos, un tema trascendental, “no sólo por la historia que tenemos como país, sino porque nos pone en el desafío del cumplimiento de los estándares internacionales para cuidar a nuestros ciudadanos”.
CNPT: significativo para el cumplimiento de los derechos humanos
“La conformación y el funcionamiento del Comité siempre es significativo para el cumplimiento de los Derechos Humanos”, aseguró la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo. “Sabemos que recibimos un sistema penitenciario con sobrepoblación y, desde hace muchos años, no se ha podido avanzar en el camino de mejorarlo”, afirmó la titular de la cartera. Losardo consideró que el Gobierno nacional “viene resolviendo varias cuestiones, como la construcción de unidades penitenciarias, respetando las pautas de los organismos internacionales”. Por último, agradeció al CNPT por la labor que viene haciendo.
El director del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, Martín Fresneda, valoró que el Informe Anual presentado por el Comité cumple con las exigencias de los protocolos facultativos y, también, con los Principios de París, en tanto tiene una participación fundamental de la sociedad civil, como se describen en las visitas realizadas. “Están concretando el gran acuerdo democrático de Argentina, haciendo realidad esa garantía de no repetición de los tiempos más oscuros del país, erradicando esa práctica inhumana que es la tortura”, expresó.
La lucha contra la tortura es un compromiso humano
Fresneda vio con preocupación el acompañamiento de las provincias en relación a sancionar sus Mecanismos Locales de Prevención. “Noto que ustedes, como Mecanismo, han tomado la fortaleza, y, al mismo tiempo, las condiciones para promover, colaborar, acompañar, y, sin embargo, es difícil. Valoro el esfuerzo, la labor, el compromiso humano, el trabajo a conciencia y la sensibilidad”, manifestó. “La lucha contra la tortura es un compromiso humano que vale la pena desarrollar a fondo”, aseguró.
Blanca Osuna, diputada de la Nación, expresó su impacto ante el informe y afirmó que conmueve porque da cuenta de una realidad que no debe estar ajena. “Nos importa el rol que en este caso debe cumplir el Estado, acompañaremos a la iniciativa que contribuya a resolver este escrito”, aseguró la legisladora. Remarcó la importancia de la conformación de las estructuras provinciales e instó a “que sean solidarias porque, de algún modo, eso no sólo va a revertir la necesaria atención sobre la ajenidad de este problema, sino que va a generar compromiso”. Osuna mostró su compromiso de insistir en la conformación del Mecanismo Local en Entre Ríos.
“Este informe nos pone frente a una realidad que muchas veces aparece distorsionada”
Hugo Yasky, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, señaló sobre el informe: “Nos impacta y nos pone frente a una realidad que muchas veces aparece distorsionada en los medios de comunicación. Hoy se mencionaba que cuesta aceptar la idea que las personas privadas de la libertad son ciudadanos que merecen respeto y tienen derecho a ejercer su dignidad humana, mucho más, cuando se trata de niños”. Yasky señaló, además, que el informe “descorre una especia de velo que trata de poner en la penumbra realidades que debemos superar como sociedad, institucionalmente”, y se comprometió a darle la mayor difusión desde la comisión que preside.
En el cierre de la presentación, el presidente del CNPT, Juan Manuel Irrazábal, agradeció en nombre del Comité a los participantes por el acompañamiento. “Es un compromiso compartido para que la República Argentina, que echó a andar este camino, no retroceda. Sabemos que esta realidad que debemos transformar nos interpela como sociedad. La conciencia social debe estar a la altura de la dignidad humana”, concluyó Irrazábal.
En la presentación remota del Informe Anual del CNPT, retransmitida por la plataforma de YouTube de Senado TV, también participaron, por el Comité, los comisionados Alex Ziegler, Alejandro Armoa y Ricardo Nioi; el Procurador Adjunto Ariel Cejas Meliare; el secretario de Derechos Humanos de La Nación, Horacio Pietragalla Corti; María Laura Garrigós de Rébori, interventora del Servicio Penitenciario Federal; Marisa Graham, Defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación; Pablo Barbuto, subsecretario de Política Criminal; el senador nacional Alfredo Luenzo; el senador Snopek Guillermo; Sergio Napoleón Leavy, senador Nacional; Mara Brawer, diputada de la Nación; María Rosa Martínez, diputada de la Nación; Gabriela Estévez, diputada nacional; Patricia Mounier, diputada de la Nación; Romina Del Plá, diputada de la Nación; la diputada Carolina Yutrovic; el diputado nacional, Guillermo Carnaghi; Jorge Eduardo Isetta, secretario del Comité contra la Tortura en Corrientes; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Eva Asprella; Ezequiel Paulucci, Titular de la Unidad de Prevención de la Tortura de CABA.
Te invitamos a repasar el video con la presentación completa del informe: https://bit.ly/30DJPPg